Los forenses entregan en la Audiencia de Sevilla su informe sobre la enfermedad de Griñan
El tribunal debe ahora pedir la opinión de la Fiscalía y del PP como acusación particular
Un forense se entrevista con Griñán para decidir sobre su entrada en la cárcel
Sevilla/El Instituto de Medicina Legal (IML) entregó a la Audiencia de Sevilla el informe correspondiente a la enfermedad grave sobrevenida esgrimida por el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, en demanda de la suspensión de su ingreso en prisión.
Después de que ayer por la mañana Griñán acudiese a las dependencias del IML en los juzgados del Prado de San Sebastián, el Instituto de Medicina Legal entregó y "en mano" su informe, pues la Sección Primera de la Audiencia había pedido que un perito forense informase sobre si la enfermedad grave sobrevenida alegada por el expresidente, un cáncer de próstata, incide o no en el cumplimiento de su pena de cárcel.
Una vez recibido ese informe, que para el IML tienen efectos definitivos, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tendría previsto pedir a la Fiscalía y al PP, personado como acusación popular, que se pronuncien sobre su contenido, antes de emitir su decisión sobre la petición del expresidente andaluz de suspender su ingreso en prisión. La mañana de este miércoles dichas partes estaban aún pendientes de recibir el documento.
Los diez días de plazo
Todo ello, después de que a medianoche del primer día del año expirase el plazo de diez días habilitado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en prisión de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. Todos ellos fueron condenados a diferentes penas de prisión por malversación en el citado mecanismo o "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos y subvenciones arbitrarias a empresas, junto con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
No obstante, después de que el Tribunal Supremo redujese la pena de cárcel de Juan Márquez de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño, la Sección Primera de la Audiencia accedió a suspender un año su ingreso en prisión a la espera del resultado de la petición de indulto parcial solicitada por su defensa al Ministerio de Justicia.
En el caso de Agustín Barberá, aunque la Sección Primera de la Audiencia desestimó su recurso de súplica en la fase de ejecución de la sentencia, sí accedió a suspender su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su defensa en base al artículo 80.4 del Código Penal, relativo al caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, al estar pendiente de informe por el médico forense.
Tras ello, el tribunal requería a Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, para que en un plazo de diez días que finalizaba este pasado lunes 2 de enero "ingresen voluntariamente" en prisión.
La situación procesal de Griñán
La defensa de José Antonio Griñán alegó a continuación que al mismo le había sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo. Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe "valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito".
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