La forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla mantiene su consejo de que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán no entre por ahora en prisión por la "incierta evolución" del cáncer de próstata que se le diagnosticó en diciembre pasado, que considera de "alto riesgo" y por el que ha recibido un tratamiento hormonal y radioterápico que le ha provocado "efectos secundarios".

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, recuerda que según los servicios sanitarios penitenciarios existen "dificultades" para el traslado de los reclusos ante situaciones de urgencia e incluso ante las propias salidas programada de dicho centro", y añade, como ya hizo en su primer dictamen, que una enfermedad de esta entidad "necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance, en estas circunstancias, esto es, un apoyo familiar y social".

El dictamen de la forense es ciertamente confuso, puesto que no responde de una forma clara y contundente a la petición que le hizo la Audiencia de Sevilla para que respondiera a si el tratamiento que tiene actualmente Griñán "es compatible con el ingreso en prisión", todo ello a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la defensa del ex presidente.

La forense insiste en que una vez finalizadas las sesiones de radioterapia continúa el tratamiento hormonal, pero "se desconoce si su evolución va a ser favorable o desfavorable ya que está pendiente de revisiones médicas" en junio y septiembre de este año. Y añade que, "persiste, por tanto, la consideración de encontrarnos ante una enfermedad muy grave, pendiente de incierta evolución".

Respecto a la petición de la Audiencia sobre la posibilidad de que Griñán siga el tratamiento en prisión, las conclusiones de la forense vuelve a incurrir en ambigüedades al señalar que los medios de la prisión se limitan a un "médico de Atención Primaria, odontólogo, psiquiatra y enfermería" y, por lo tanto, "se ha de acudir a medios personales y materiales externos (cuya viabilidad práctica esta forense desconoce) pero en ese mismo informe [alude al informe de la prisión] también se pone de manifiesto la dificultad que se presenta en situaciones de urgencia, cuando la consulta no está programada e incluso en consultas programadas, y ello según sus propias palabras". 

La prisión recordó que hay "múltiples" presos enfermos como Griñán

Sin embargo, el informe que han elaborado los servicios médicos de la prisión de Sevilla-I sí que acercaba la posibilidad de que tanto el ex presidente Griñán como el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -que ya está en prisión desde abril pasado-, ambos enfermos de cáncer, pudiesen entrar en prisión y continuar su tratamiento, como ocurre con otros internos con patologías similares. 

En el informe, los servicios médicos penitenciarios de la cárcel de Sevilla-I explican que cuando hay una atención especializada se traslada a los pacientes a los hospitales de Sevilla, dado que a través del convenio establecido con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “se procede a la derivación de pacientes a los servicios especializados de las áreas hospitalarias Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla”. Y en este sentido indicaba que “son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada de modo que se procede a sus consultas de revisión por dichos especialistas con la periodicidad que se estima por los mismos”.

De momento, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular para que se pronuncien sobre si, a la vista de este dictamen, consideran que Griñán debe ingresar o no en prisión.

Griñán, que en junio cumplirá 77 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.

En el caso de Agustín Barberá, los magistrados señalaron que el ex viceconsejero de Empleo “no padece por tanto una grave enfermedad, cuya permanencia en prisión suponga un riesgo para su vida”, ya que, aunque “es cierto que padece una enfermedad grave incurable”, el tratamiento descrito “puede ser dispensado” en el centro penitenciario, “con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido”.

Siete ex altos cargos cumplen ya sus condenas por los ERE

Agustín Barberá fue el último de los siete ex altos cargos en entrar en prisión para cumplir su condena por el caso de los ERE. En diciembre de 2022 entró en la cárcel la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y en enero de este año lo hicieron los ex consejeros Antonio Fernández García, José Antonio Viera, y Francisco Vallejo, así como el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El nuevo informe entregado en la Audiencia se produce después de que la semana pasada la forense volviera a examinar a José Antonio Griñán en la consulta del IML, en los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla.

En enero pasado y una vez que se le diagnosticó el cáncer de próstata, la forense del IML ya aconsejó que Griñán no entrara en prisión y eso llevó al tribunal, una vez conocida la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, a aplazar la entrada en el centro penitenciario de Griñán. La forense recomendó entonces que no entrara en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica". El dictamen advertía entonces de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a Griñán y, en este sentido, subrayaba que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.

Sin embargo, una vez que ha concluido las sesiones de radioterapia, la Audiencia acordó en una providencia dictada el pasado 2 de mayo dar traslado al IML de la documentación médica aportada "a fin de que emita informe, a la mayor brevedad, sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la representación del mismo". Y la forense volvió a citar a Griñán la semana pasada antes de emitir este informe.