Mientras los debates en Madrid y Bruselas continúan, el decreto sigue hoy plenamente vigente y la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés continúa tramitando expedientes de expropiación temporal del uso de viviendas embargadas por los bancos para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social.

Una mujer divorciada y con dos niños menores a su cargo y sin ningún ingreso y una familia numerosa de origen marroquí con cuatro hijos y los dos progenitores en situación de desempleo, residentes en Málaga, son los nuevos beneficiarios en la provincia del Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía. Los primeros desde el anuncio del Gobierno central de su intención de interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre esta medida. En ambas viviendas, situada una de ellas en la capital y la otra en el municipio malagueño de Torremolinos en la calle Río Trueba, había sendas órdenes de desahucios.

En el caso de la vivienda situada en Torremolinos, perteneciente a la familia marroquí, la orden de desahucio estaba prevista para junio.