El ex presidente de la SEPI trabajó en Servinabar después de ser imputado por la mina de Aznalcóllar

Este ex alto cargo del Ministerio de Hacienda también fichó a la vez por el despacho sevillano que lleva las macrocausas del PP contra los gobiernos socialistas

Distintos medios lo relacionan con Leire Díez, quien se ha interesado por la instrucción de la concesión minera, donde intervino Mercedes Alaya

Santos Cerdán tenía una participación del 45% en Servinabar

Vicente Fernández, cuando era presidente de la SEPI. / EFE

Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), trabajó en Servinabar 2000 SL dos años después de que dimitiera de este importante cargo al ser imputado por la Audiencia de Sevilla en el caso de la minera Emérita contra Minurbis-Grupo México. Servinabar figura en el registro como propiedad de un amigo de Santos Cerdán, Antxon Alonso Eguirola, pero la Guardia Civil ha encontrado en su domicilio el documento en el que el ex secretario de Organización del PSOE se hace con casi la mitad de la sociedad.

Dos años después de marcharse de la SEPI, Vicente Fernández tramitó un permiso en 2021 ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno central para trabajar en Servinabar, ya que el régimen de incompatibilidades por ser ex alto cargo le podía afectar. La autorización se hizo efectiva el 19 de mayo de 2021, y así consta en el Portal de Transparencia del Gobierno. Trabajó hasta febrero de 2023, aunque no participó en las licitaciones que, en principio, investiga la Guardia Civil. A su vez, también pidió el permiso para incorporarse a Martínez Escribano Abogados y Economistas, que es la firma sevillana que representa al PP de Andalucía en macrocausas como los ERE. En este despacho trabajó 10 meses.

Servinabar está en el centro de la investigación del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por las mordidas de Ábalos, Cerdán y Koldo García. El pasado 10 de junio autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrada en el domicilio de Antxon Alonso en Elorrio (Vizcaya), ya que figura como administrador único de Servinabar. Fue entonces cuando le encontró una escritura privada por la que traspasa a Cerdán 1.350 participaciones de las 3.000 que constituyen la sociedad, el 45%. El documento es del 1 de junio de 2016.

La trayectoria de Fernández, antiguo letrado de la Junta, de la que llegó a ser interventor general, además de secretario general de Industria, describe una carrera sólida como funcionario público hasta que fue imputado por el caso de Emérita. Una vez que dejó la SEPI, regresó a la Junta porque es letrado por oposición -fue el primero de su promoción-, pero al poco aceptó dos ofertas privadas, una de ellas de Antxon Alonso.

El giro de su carrera está relacionado con una de las personas a las que quiso investigar Leire Díez para tratar de desacreditarla, la juez Mercedes Alaya, la magistrada de la Audiencia de Sevilla que ordenó hasta en dos ocasiones reabrir el caso de una concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México por el que Vicente Fernández está siendo juzgado en estos días.

Vicente Fernández ocupó distintos cargos en la Junta de Andalucía por su condición de letrado, y en el año 2018 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo llevó a Madrid para presidir la SEPI. Sin embargo, en noviembre de 2019 dimitió de este cargo nacional al ser imputado en el caso de la concesión de la mina en Aznalcóllar. Se trata de un caso muy polémico, del que se está celebrando el juicio en estos días, porque la jueza instructora lo archivó en dos ocasiones al no encontrar indicios sólidos de que el concurso minero contenía irregularidades. Fue otra magistrada, Mercedes Alaya, quien desde la Audiencia de Sevilla ordenó en dos ocasiones que se reabriese el caso. Finalmente, así ocurrió. De hecho, Vicente Fernández debe declarar en el juicio el próximo 30 de junio. La única acusación que pesa sobre él es la de Emérita, porque la Fiscalía defiende que no hubo apaños en esa concesión.

Según ha comprobado este diario, quien fuera fontanera del PSOE, Leire Díez, ha estado interesada por este caso de la mina. Hay que tener en cuenta que Díez buscaba información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delitos económicos de la UCO y uno de los investigadores de la instrucción del caso ERE que dirigió Mercedes Alaya, la misma jueza que ordenó la reapertura del caso por el que está siendo juzgado Vicente Fernández.

Antonio Balas llevó los últimos registros, los del 10 de junio, relacionados con el investigación del Tribunal Supremo, entre éstos, los del domicilio de Antxon Alonso en Elorrio. Según se detalló en la orden de registro, las sospechas sobre Servinabar residen en dos obras realizadas en Navarra, una relativa a una explotación de potasa en Sangüensa y la otra sobre un pabellón deportivo en la capital de la comunidad foral.