El presidente de la Junta, Juanma Moreno, o su perspicaz consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, deberían dar una explicación a lo que está ocurriendo con las con los antagónicos planteamientos jurídicos de la Administración andaluza y la acusación popular que ejerce el PP-A en la instrucción de las diversas macrocausas donde ambos ejercen la acusación.

En el caso de los ERE, el gabinete jurídico de la Junta ha mantenido unos criterios homogéneos desde las anteriores etapas de los Gobiernos socialistas y que se ha mantenido con la llegada del gobierno del cambio. Y frente a ese criterio, la acusación popular que ejerce el PP-A, partido que sustenta al gobierno, ha mostrado un criterio radicalmente diferente que se puso de manifiesto ya desde el año 2016, cuando el gabinete jurídico de la Junta pidió el archivo de la denominada pieza política de los ERE, en la que fueron finalmente condenados los ex presidentes Chaves y Griñán y 19 ex altos cargos.

La Junta sostuvo entonces ni hubo una “trama criminal” ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. La acusación del PP no sólo pidió cárcel para Griñán y otros ex altos cargos, sino que incluso les imputaba a todos ellos un delito de asociación ilícita, que fue rechazado por el tribunal. Nada más producirse la petición de archivo por parte de la Junta, el entonces portavoz popular, Elías Bendodo, criticó a la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, de la que dijo que con esta decisión “había devuelto el favor” a Chaves y Griñán.

Cinco años después, con el PP ya en el Gobierno andaluz gracias al apoyo de Cs y Vox, la Junta sigue manteniendo su criterio en la macrocausa de los ERE, donde en varias de las piezas está confirmando su criterio de solicitar el archivo de aquellas piezas de la macrocausa en las que no se han detectado la presencia de los denominados “intrusos”, personas que fueron incluidas en las pólizas de prejubilaciones a pesar de que nunca habían trabajado para estas empresas.

La última ocasión en la que la Administración andaluza ha plasmado este criterio ha sido en la pieza en la que se han investigado las ayudas que por importe de 35 millones fueron concedidas a la empresa tabaquera Altadis. El gabinete jurídico, que depende directamente de la Consejería de Presidencia, de Elías Bendodo, también ha pedido el archivo de otras piezas en las que no ha aparecido ningún intruso, como las concedidas a la empresa Peninsular del Latón, Hytasal, Azucareras Reunidas de Jaén, Autologística de Andalucía, Aeronáutica del Sur, o Fabricantes de Encimeras para Europa.

En cambio, la acusación del PP, siguiendo las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, ha presentado cargos contra los diferentes investigados en estas piezas y ha pedido penas de hasta seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Las discrepancias jurídicas entre la acusación particular de la Junta, que no olvidemos es la parte perjudicada por el supuesto menoscabo de los fondos públicos, y los populares también se han producido en la macrocausa de Invercaria, donde se investigan los avales y préstamos concedidos por esta sociedad pública andaluza de capital riesgo. El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño ha calificado esta semana de “esquizofrénica” la situación jurídica entre la Junta y el PP. Y lo ha hecho en el transcurso de una vista en la que se debatía la aplicación de la denominada doctrina Botín –que establece que cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan el archivo, la acción penal debe limitarse– en la pieza por las ayudas de 1.498.000 euros a Kandor Graphics, donde se ha quedado acusando únicamente el PP, dado que las acusaciones de Invercaria y la agencia IDEA, que representan los intereses de la Junta, solicitan el archivo.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto.

El fiscal Fernando Soto, que ha presentado cargos en más de 30 piezas de Invercaria, criticó este desequilibrio jurídico entre las posturas de la acusación particular que ejerce la Administración Pública, que defiende el archivo, y la acusación popular del PP.

Soto recordó que la doctrina Botín es además “constatable de manera más intensa cuando esta acción la ejerce un partido político”, y en este sentido añadió que “no es que tenga restringida en nuestra ley tal actividad, sino que como recientemente ha constatado el Tribunal Supremo, existe un riesgo palpable de que la confrontación política se lleve al foro, lo que es desde todo punto de vista indeseable”.

La realidad es que esta crítica debería llevar a una reflexión sobre la intervención de lo partidos en los procesos judiciales, teniendo en cuenta que el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno contempla la prohibición de que las personas jurídicas públicas, los partidos y los sindicatos ejerzan la acción popular.

Al igual que el fiscal ha criticado la “esquizofrenia” que se ha producido en esta pieza, con anterioridad, en el primer juicio de Invercaria por las ayudas a Aceitunas Tatis, Fernando Soto realizó un duro informe final en el que criticó la falta de colaboración con la Justicia de la empresa pública, llegando a afirmar que Invercaria tuvo una actuación “más próxima al encubrimiento del posible delincuente y de obstrucción a la Justicia” de lo que se espera en quien ha sido víctima del delito. La sociedad “nunca colaboró con las actuaciones”, concluyó el fiscal.