Las defensas del ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y de la que fuera directora económico-financiera Ana Valls, cuyo juicio por el uso de tarjetas de la fundación en distintos prostíbulos ha sido fijado en plena campaña de las elecciones municipales, han pedido a la juez Mercedes Alaya que aplace el inicio de la vista oral hasta después del 28 de mayo para evitar que el proceso sea usado "como arma política" durante estos comicios y además se haría con una "importante virulencia".

Así lo han expuesto los abogados Adolfo Cuéllar y Manuel Salinero, que representan a ambos acusados, en un escrito conjunto presentado en la oficina del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Sevilla, después de que la magistrada Mercedes Alaya dictara un auto en el que fijaba la selección del jurado para el 18 de mayo -a diez días de las elecciones- y la primera sesión del juicio para el día siguiente, 19 de mayo.

En el escrito, los letrados consideran que el señalamiento de este juicio en las fechas indicadas infringe el derecho de defensa, puesto que la vista oral se celebraría "en plena campaña electoral" de las elecciones municipales y autonómicas -en algunas comunidades autónomas-.

"No sería necesario insistir que en la situación política (la realidad social) que vive nuestro país, este procedimiento será utilizado -dadas las peculiaridades de los hechos sometidos a enjuiciamiento- como arma política en la campaña electoral y lo más probable con importante virulencia. Y no es una afirmación especulativa, ya sucedió así en la campaña electoral de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía celebradas a finales del año 2018", cuando también surgió el tema del pago en los clubes de alterne con las tarjetas de la Faffe y aportan para acreditarlo varios recortes de publicaciones de la fecha.

Los letrados son conscientes de que las cuestiones políticas "no son de la incumbencia de nuestros patrocinados y de sus defensas pero sí lo es la afectación que pudiera tener en el Tribunal del Jurado".

En este sentido, Adolfo Cuéllar y Manuel Salinero citan un artículo publicado en la revista El Derecho.com por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Eduardo de Porres Ortiz de Urbina -"ponente de la celebérrima sentencia del Tribunal Supremo denominado juicio de los ERE o procedimiento especifico") sobre lo que se entiende por juicio paralelo. “Se entiende por juicio paralelo el conjunto de informaciones y seguimiento que hacen los medios de comunicación sociales de un hecho sometido a investigación o enjuiciamiento judicial efectuándose una valoración ética y jurídica de las personas implicadas de forma que los medios de comunicación ante la opinión pública ejercen el papel de juez, fiscal y abogado defensor, según los casos".

El magistrado del Alto Tribunal añadía que "hay que reconocer que la imparcialidad e independencia de un Tribunal puede verse condicionada o enturbiada por campañas mediáticas orientadas a defender una determinada posición o a defender intereses empresariales a través de la publicación de noticias, especialmente atractivas para el gran público, por lo que la publicidad, que es una garantía del proceso, puede ser un poderoso enemigo de una justicia independiente".

Y concluía Eduardo de Porres en dicho artículo que "el juez no puede ser una persona encerrada en el estrecho marco de la ley y aislada del clima social que le rodea pero deben arbitrarse los medios para que pueda ejercer su trabajo con independencia y si esto es necesario para los jueces profesionales con mucho más motivo lo es para los ciudadanos que integran un jurado”.

La influencia de la "campaña política" en el jurado popular

A raíz de estas afirmaciones, los letrados de Fernando Villén y Ana Valls explican que en el caso de la Faffe "no se trata de una campaña mediática que influya en el Tribunal del Jurado, sino una campaña política que por su extraordinaria repercusión mediática pudiera influir en los jurados".

Por todo ello, prosigue el escrito presentado a la juez Alaya, que presidirá el jurado, "debería resultar incuestionable que la merma de garantías constitucionales para las defensas, pudiera producirse ante la magnitud de la repercusión mediática que el asunto tendrá con un sesgo más que evidente".

De ahí que soliciten a la magistrada "en el legítimo ejercicio del sagrado derecho a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que se eviten las fechas señaladas para el enjuiciamiento y se aplacen a un momento posterior a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, cuando más convenga a la saturada agenda judicial (teniendo en cuenta la preferencia del señalamiento de juicios del Tribunal del Jurado", concluyen.