Una de las defensas personadas en el caso de los ERE fraudulentos ha planteado a la juez María Núñez Bolaños una división del sumario en piezas separadas que, en su opinión, posibilitaría que los ex altos cargos imputados fuesen enjuiciados en un solo juicio, evitando tener que someterse a más de 200 vistas orales y las complicaciones derivadas de las distintas sentencias que pudieran dictarse, además de salvaguardar la valoración del concurso o la continuidad delictiva a los efectos de imposición de las penas en su caso.

La abogada Encarnación Molino, del bufete Montero-Aramburu y que representa a varios imputados en la macrocausa, sostiene en un escrito remitido a la instructora una división en tres piezas de la parte de la investigación sobre el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas. Estas tres piezas englobarían las fases de "presupuestación" de las transferencias de financiación mediante las cuales se concedieron las ayudas (Consejería de Economía y Hacienda), otra versaría sobre la concesión de las subvenciones (Consejería de Empleo, y una tercera parte sobre la actuación de los funcionarios y autoridades relacionadas con el pago de las mismas (IFA/IDEA y la Consejería de Innovación).

La segunda subpieza, dentro del procedimiento específico, englobaría la investigación relativa a "la forma concreta en que se concedieron las ayudas en el seno de la Consejería de Empleo (singularmente la Dirección General de Empleo) por parte de funcionarios y autoridades de la misma".

En la tercera parte del procedimiento específico se investigaría "la actuación de funcionarios y autoridades públicas cuya intervención se relaciona con el pago de tales ayudas (IFA/IDEA, Consejería de Innovación)".

Con el diseño propuesto, prosigue la defensa, "cada imputado sería enjuiciado en un único procedimiento, dejando a salvo la valoración del concurso o la continuidad delictiva".