La defensa del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que se enfrenta a una petición de 12 años y medio de cárcel en el segundo juicio de los ERE por las ayudas a la empresa Acyco, ha presentado un escrito al tribunal en el que renuncia a la práctica de toda la prueba en esta vista oral, incluida la declaración del propio ex alto cargo, tras el auto dictado por la Sala en el que rechaza la exclusión del juicio de todos los ex altos cargos que han sido enjuiciados en el denominado "procedimiento específico" de los ERE y que la defensa no duda en calificar de "injusto y arbitrario".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo, ha presentado un escrito en el que señala que la postura de Antonio Fernández en el juicio a partir de ahora consistirá en asistir a las sesiones -dado que está obligado a ello, lo que supone una "injusta y grave restricción sobre su derecho fundamental a la libertad personal"-; acogerse a su derecho constitucional a no declarar y, por último, evitar "cualquier participación o intervención activa en el juicio por parte de la defensa letrada -debiendo tenerse por renunciada la práctica de la propuesta probatoria incorporada al escrito de conclusiones provisionales- y con sustitución del letrado por un compañero en cada una de las sesiones del juicio".

Martínez del Hoyo agrega, "con el debido respeto al tribunal", que la Sala debió "aquietarse" a la exclusión acordada por la Sección Séptima de la Audiencia que "sin embargo, ahora -y a nuestro respetuoso parecer, de manera ilógica y arbitraria- viene a desconocerse y desafiarse, incurriéndose de ese modo en frontal vulneración de preceptos constitucionales, orgánicos y de legalidad ordinaria".

Añade la defensa que la Sección Tercera no puede "desconocer la intangibilidad" de lo resuelto por otra Sala de la misma Audiencia desde el 2 de enero de 2018 -fecha del auto de exclusión dictado por la Sección Séptima-, por lo que no cabe que Antonio Fernández sea sometido al juicio por la ayudas a Acyco. "De este modo, lo que -siempre respetuosamente- se entiende como injusta y arbitraria compulsión a sentarse en el banquillo de los acusados para ser sometido a juicio, supone que al señor Fernández se le infiera -irremediablemente y ya sin reparación- una lesión del derecho fundamental a la libertad personal, y además la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, con producción de indefensión".

Por ello, el letrado anuncia, aunque sin mencionarlo expresamente, que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al afirmar que "nuestro patrocinado se dispone al ejercicio de cuantos medios de defensa el ordenamiento le dispensa frente a tal lesivo e injustificado tratamiento".

La decisión de no excluir a los ex altos cargos puede llegar, sin duda, hasta el Tribunal Constitucional, dado que los abogados del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y la del ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano ya plantearon en septiembre pasado un incidente de nulidad –un trámite previo y necesario para acudir en amparo al Constitucional– contra las resoluciones de la Sección Tercera que les obligaron a plantear la exclusión de los ex altos cargos como cuestión previa en el juicio de Acyco, a pesar de que la Sección Séptima había acordado apartar de este caso a Antonio Fernández y a Miguel Ángel Serrano en sendos autos dictados con fechas 2 de enero de 2018 y 10 de noviembre de 2017, respectivamente.

El abogado Miguel Delgado, que representa a Serrano Aguilar, ha asegurado que está estudiando con su cliente la posibilidad de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que la decisión de esta Sala de la Audiencia les ha generado “indefensión” al no aplicar el principio de cosa juzgada, el non bis in ídem.

El juicio por las ayudas a Acyco se ha tenido que suspender este lunes hasta mañana por el positivo en Covid-19 que ha dado un familiar de uno de los abogados de la defensa.