El debate sobre los conciertos sanitarios elevó ayer su nivel cuando el PSOE señaló que estudia llevar el asunto a los tribunales una vez obtenga toda la documentación solicitada al Gobierno de la Junta, mientras que el PP quiso aclarar que “todo es legal”.

No obstante, la portavoz del PSOE en el Parlamento, Ángeles Férriz, sorprendió cuando, después de calificar como “un gravísimo caso de corrupción sanitaria” que el Gobierno andaluz hubiese decidido prorrogar contratos sanitarios al calor de una normativa estatal derogada, que se hizo para afrontar la emergencia de la pandemia de coronavirus, sostuvo que con esa práctica “este Gobierno llenaba los bolsillos de otros con el dinero de todos” y colegir de este episodio que “los amigos de Juanma no lloran, facturan”, en referencia a la canción de Shakira dedicada a Piqué.

El PSOE está convencido de que esta manera de contratar es el modus operandi del Gobierno de Moreno y “marca de la casa, del PP”, de lo que ha puesto como ejemplo que la Fiscalía Anticorrupción esté investigando al Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso por “adjudicar millones de euros en sanidad sin control alguno”.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, pidió a la oposición que sea “coherente” y “congruente”, porque las prórrogas son para contratos de servicios como oncología, y ha cuestionado si no procede la prórroga para un tratamiento de cáncer cuando los quirófanos están “cercanos al cien por cien de ocupación”.

Venzal dijo que “desgraciadamente” se trata de “un gasto estructural”, que responde en muchas ocasiones “a la urgencia de tener que acabar con listas de espera”.

“Si mi familiar estuviera en una situación de esas me parecerían pocos los contratos de emergencia”, ha dicho Venzal, quien invitaría a ir al servicio de Oncología para explicarles a quienes están en la sala de espera “que ese contrato no es correcto y que tiene que esperar”.