La Audiencia de Huelva acaba de reabrir el caso Hiconsa, relacionado con una operación urbanística en Cartaya, en el que estaban imputados el ahora ex alcalde Juan Antonio Millán, y el ex primer teniente de alcalde Miguel Novoa (PSOE), por los delitos de prevaricación y ordenación del territorio. La Audiencia estima así el recurso presentado por IU, PA, PP e ICAR, entonces partidos de la oposición, y entiende que lo instruido es "insuficiente" para sobreseer el caso ya que "faltan indagaciones de interés".

Fue la oposición en el Ayuntamiento quien denunció los hechos, en los que además también están implicados la esposa de Novoa, un arquitecto, y la empresa Hiconsa. La operación urbanística tiene su origen en el convenio que Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en 2005 para construir de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados. Según la valoración que hizo el arquitecto denunciado por encargo del gobierno municipal del PSOE, Hiconsa debía pagar 1,3 millones. Una valoración alternativa encargada por la oposición a otro arquitecto dice que el Ayuntamiento debería haber cobrado 4,5 millones.