El diputado del PSOE en el Parlamento andaluz y ex secretario de organización de los socialistas almerienses José Luis Sánchez Teruel ha acudido esta mañana a los juzgados de Instrucción de Sevilla, donde se ha personado con su abogado en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en los procedimientos de adjudicación de obras seguidos por la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir, en relación con la subvención de 40,1 millones de euros que recibió en 2004 para la modernización de su red de riegos.
Según han explicado fuentes del caso, el diputado ha comparecido esta mañana en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, acompañado de su abogado, donde se ha personado en la causa abierta a raíz del ofrecimiento realizado por el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, quien en febrero pasado dictó un auto en el que, dada la condición de aforado de Sánchez Teruel, acordó su "constitución como parte investigada en esta causa, que comenzó a investigarse en el año 2013.
A partir de este momento, se le entregarán copias de las actuaciones y, en su caso, si lo decide podrá prestar declaración voluntaria, según apuntó en su momento el juez que investiga el caso. El juez señaló en ese auto que la finalidad de la citación consiste en que, como investigado, "sea instruido debidamente de sus derechos de defensa con arreglo a lo dispuesto en el art. 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y pueda ejercer su derecho de defensa, tener acceso a la instrucción, así como "proponer las diligencias de investigación que a su instancia estime procedente y prestar declaración voluntaria en orden al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en estas actuaciones".
En el auto, el juez explicaba que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de malversación, falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias, y añadía que "la gravedad de los hechos y la trascendencia del resultado de la causa al tratarse de fondos públicos determina que José Luis Sánchez Teruel sea citado ante la sede de este Juzgado para que sea instruido de los derechos contemplados en el art. 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal"
En esta causa se investigan hechos relacionados con la resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria de fecha 13-10-2004 en la cual se aprobó el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir y en el que se concedía una subvención de 40.119.944 euros , con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42 meses.
"La posible existencia de incumplimientos sobre incumplimientos de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras, las irregularidades posibles en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir interesada por la Comunidad de Regantes constituye el objeto esencial de la instrucción y de la investigación de los hechos de estos autos".
El instructor apuntó en el auto que en la fecha en la que ocurrieron los hechos el diputado socialista José Luis Sánchez Teruel ostentaba la condición de director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural perteneciente a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. "Como consecuencia de las funciones de su cargo podría, en su caso, ya sea por acción u omisión haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación de estas diligencias previas y, por tanto, procede su constitución en la causa como parte investigada", asevera el auto.
Una causa de 2013, con más de 20 imputados
La investigación del caso Marismas se inició en el año 2013 y en el curso de la investigación, la Fiscalía de Sevilla solicitó la imputación de 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura, un técnico de este mismo departamento, así como ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes y el resto son representantes de las UTE que intervinieron en el concurso.
Los cinco ex altos cargos investigados son Francisco Ruiz Orta, director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura; Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la delegación provincial de Agricultura y componente de la mesa de contratación;Manuel Antonio Cruz-Guzmán López, jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la delegación provincial de Agricultura; Julián Martín Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural, y Tomás Martínez Jiménez, director general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura.
Comentar
0 Comentarios
Más comentarios