Los grupos parlamentarios del PP y Vox han presentado este viernes la iniciativa para convertir en suelos de regadío unas 1.000 hectáreas cercanas a Doñana. Esta iniciativa permite ahora que el Parlamento andaluz tramite varias reformas legales que posibilitarán el cambio de uso de los suelos, que serán considerados de regadíos, aunque no se les garantizará el agua. Tal como figura en el texto, deberá ser la "autoridad administrativa hidráulica competente" la que lleve el recurso hasta esta zona. La autoridad es, por tanto, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se opone a destinar más agua, bajo el argumento de su escasez. El Ministerio de Transición Ecológica, del que dependen las confederaciones estatales, ha calificado de "atropello" esta iniciativa y ha anunciado que, de salir adelante, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

PP y Vox han recuperado la iniciativa que decayó al acabar la legislatura anterior, aunque ahora han introducido unas condiciones para ganarse el apoyo improbable del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comisión Europea. Básicamente, la reforma del plan de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana autorizará a unas 650 explotaciones a regar, aunque sólo podrán utilizar aguas de superficie. Es decir, no podrán aprovechar el acuífero, ya que está ligado a los que nutren de recursos hídricos a Doñana. 

Los municipios beneficiados son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana, todos en la comarca del Condado de Huelva, dentro de la cuenca del Guadalquivir. La cercanía de las elecciones municipales ha acelerado este proyecto del Gobierno andaluz, aunque la fórmula que ha empleado es la misma que en la legislatura anterior. Son dos grupos parlamentarios, los de Vox y PP, quienes promueven la iniciativa. Ésta es una de las causas de la oposición del grupo socialista de la Cámara.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha reiterado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lleve la propuesta como proyecto de ley para que sea debatido en profundidad y acordado con el Gobierno central y Bruselas.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha explicado que "no se ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer en la proposición de ley que han registrado hoy en la Parlamento andaluz". En la reunión del pasado lunes 27 de febrero, entre el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, éste le propuso que no registrasen esta proposición de ley, "ya que supone repetir una política fallida que provocó la reactivación, por parte de la Comisión Europea, del expediente por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tomar medidas para proteger el humedal".

Reforma de la ley forestal

La iniciativa de PP y Vox también incluye una reforma de la ley forestal de Andalucía para que puedan considerase agrícolas unos suelos que, antes, fueron forestales "de ciclo corto". Aunque PP y Vox reclamen para estos agricultores unos derechos históricos de riego, con esta reforma se admite que, al menos durante un tiempo, estos suelos fueron forestales.

Cuando se redactó este plan de la Corona Forestal se quedaron fuera de autorización nuevos regadíos que se pusieron en explotación entre la propia redacción del texto y su aprobación legal. Habían transcurrido 10 años. La iniciativa de PP y Vox califica como "suelos aptos para el riego por agua superficial" las zonas B y C del plan que estaban en explotación antes de 2014, cuando se aprobó la ley.

La iniciativa sostiene que el volumen de agua superficial que usarán los agricultores debe venir de un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde la cuenca de los ríos Odiel, Tinto y Piedra a la del Guadalquivir. Este trasvase está autorizado, pero está pendiente de un conjunto de obras. No obstante, el uso acordado no es para estos nuevos regadíos.

PP y Vox entienden que, con estas garantías, se salva la condena que el Reino de España tiene del Tribunal Europeo de Justicia por no proteger el acuífero 21, que es el que sostiene al espacio natural de Doñana.

Antes de la tramitación de esta iniciativa, distintos cargos de la Consejería de Medio Ambiente han mantenido reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica y con la Comisión Europea. El grupo socialista ha anunciado que, por el momento, se opone a esta tramitación. La iniciativa da cobertura administrativa a una oficina de seguimiento del plan, que nunca se había puesto en marcha.

Hugo Morán se ha referido a esta reunión con Fernández Pacheco. El secretario de Estado ha mostrado su "sorpresa" y ha lamentado la presentación de la iniciativa, puesto que llega "sin consenso" y en contra de lo marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha indicado que el Gobierno había entendido que el Ejecutivo andaluz no iba a tomar ninguna iniciativa sobre el asunto sin que previamente se acordara con un diálogo entre administraciones.

El secretario de Estado ha dejado claro que "cualquier actuación de revisión de la planificación actual de protección del parque nacional de Doñana y su entorno tiene que pasar por los órganos de participación como hasta ahora; no se puede saltar la capacidad que el Consejo de Participación de Doñana tiene en este proceso de toma de decisiones compartidas". Morán entiende que "no se pueden obviar" las competencias que tiene la administración general del Estado, en este caso la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, con un "atajo" parlamentario "para hurtar un procedimiento" que considera que debería de ser un proyecto de Ley, con sus informes técnicos y jurídicos previos.

Morán confía en que "impere la cordura" y que la Junta no demuestre "que la política ambiental no forma parte de su agenda y que lo único que nos encontramos por delante es una acción de hechos consumados".