Antonio R. (1963) reconoce que volvió a nacer cuando conoció la resolución de la sentencia. Su caso no es una excepción. Autónomo desde hace veinte años, asfixiado por las deudas de la hipoteca de su vivienda y del crédito que se vio obligado a pedir al banco cuando la crisis del coronavirus le obligó a echar las rejas de su negocio primero de forma temporal y después de un año, de manera definitiva. "Me veía en la calle, siempre he pagado religiosamente todo a todos. A los proveedores, a Hacienda. He preferido quedarme sin comer a dejar a nadie tirado", reconoce.

Para casos como el suyo, la Ley de Segunda Oportunidad ha sido un verdadero salvavidas. "Es un mecanismo que está resultando realmente eficaz", asegura el abogado y economista José Carlos Camacho, cuyo despacho en Huelva está atendiendo a centenares de onubenses con el mismo problema que Antonio. "Estamos viendo muy buenos resultados desde que se modificó la Ley Concursal. Cuando las personas cumplen una serie de requisitos, como son la buena fe y carecer de antecedentes penales, la exoneración de la deuda puede resolverse en apenas unos meses". 

Precisamente la clave de una Ley concebida para ofrecer una oportunidad verdaderamente efectiva a personas físicas y autónomos en concurso, fue el impulso de la reforma de la Ley Concursal, hace apenas cinco meses. Con ella el legislador introdujo medidas adicionales a las inicialmente previstas en la Directiva de insolvencia. Entre ellas destacan la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y la implementación de un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad. 

Además de estas medidas, la ley dio un paso muy importante de cara a mejorar la burocracia en materia de insolvencia, atribuyendo en exclusiva las competencias sobre esta materia a los juzgados de lo Mercantil, en relevo de los de Primera Instancia, a priori más saturados y con menor especialización en estos casos. 

Más medios materiales y humanos

A pesar de los buenos datos cosechados en los últimos tiempos por los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, profesionales del derecho aseguran que será necesario dotarlos con más medios e impulsar cuanto antes la Ciudad de la Justicia en aquellas provincias que aún no la disfrutan, para evitar que en un futuro la alta demanda se convierta en un lastre para otros procesos. 

"Comparado con lo que había, el hecho de haber derivado los casos al Mercantil agiliza mucho más la resolución de los casos de lo que se hacía cuando se utilizaba la vía de los de Primera Instancia", avala Camacho. 

Los datos del Informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial también son claros a este respecto. Los concursos empresariales, a fecha diciembre de 2022, se han incrementado en todas las provincias andaluzas, liderando Sevilla con un total de 199 casos presentados ante el Juzgado de la Mercantil, seguido por Málaga (112), Granada (84), Cádiz (76), Almería (63), Córdoba (52), Huelva (27) y Jaén (26). 

"Se está viendo una progresión en el número de casos que llegan a los Juzgados, un aumento que tiene que ir necesariamente acompañado de más medios materiales y humanos en los próximos años porque, como se ha visto con la huelga de Letrados, estas situaciones imprevistas avisan de la fragilidad que soportan nuestros órganos judiciales", asegura el técnico en Administración Carmelo Pérez.

"Otro de los problemas que vienen a sumar a este respecto", apunta, "es que las provincias cuentan con una mayor proporción de Juzgados de Instrucción frente al número de Juzgados Mercantiles, esto es algo que acabará pasando factura si no se corrige como ya ocurre en otras provincias del Estado". 

En Andalucía, actualmente las provincias cuentan con una media de entre 1 y 3 Juzgados de lo Mercantil. Sevilla y Málaga son las provincias que, además de disfrutar de Ciudad de la Justicia, disponen ya de tres juzgados de lo Mercantil. En el lado opuesto, las provincias de Córdoba, Jaén y Huelva disponen únicamente de un juzgado especializado mientras que Cádiz, Granada y Almería disponen de dos.