La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha informado este viernes en Antequera de que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional, por entender que es “contrario a derecho” el rechazo a la medida solicitada para suspender cautelarmente el llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas solicitado por el Gobierno andaluz.

La consejera Carolina España ha señalado los tres motivos en los que el gabinete jurídico basa su recurso. El primero, ha explicado, por vulnerar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que determina que el pronunciamiento del TC admitiendo a trámite el recurso presentado por el Gobierno andaluz y denegando la adopción de la medida cautelar propuesta, debería haber adoptado forma de auto y no de providencia, ya que ésta tiene atribuido un papel residual, de mera tramitación del proceso.

En segundo lugar, ha indicado Carolina España, el gabinete jurídico de la Junta entiende que la providencia del TC vulnera el principio constitucional de igualdad y hace de peor condición a Andalucía, ya que se ha pronunciado con anterioridad frente a otros recurrentes (diputados, senadores o el propio Parlamento de Cataluña) mediante autos y no mediante providencias.

Y el tercer motivo de la presentación del recurso ha sido la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ya que las resoluciones judiciales deben estar fundamentadas y motivadas en derecho. En este sentido, la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional mediante providencia, en el caso del recurso presentado por la Junta contra el llamado Impuesto de Solidaridad y solicitando su suspensión cautelar, resulta incompleta, porque obvia la existencia de votos particulares y no cuenta con la debida motivación.

La consejera ha insistido en que la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar las medidas cautelares propuestas por el Gobierno andaluz en la presentación de su recurso contra el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas por invasión de competencias autonómicas genera “inseguridad jurídica” a los ciudadanos.

Hay que recordar que el Gobierno andaluz ha suprimido, mediante la bonificación del 100% de la cuota, el Impuesto sobre el Patrimonio, cuyas competencias están cedidas por el Estado a las comunidades autónomas. Y que, a raíz de esta decisión, adoptada legítimamente en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, el Gobierno central aprobó una nueva figura tributaria que limitaba cualquier intento del Gobierno andaluz por intentar atraer inversión y riqueza para Andalucía, “invadiendo con descaro competencias legítimas de la comunidad autónoma”.

El recurso presentado por el Gobierno andaluz contra dicho impuesto defiende la autonomía financiera de Andalucía, y su presentación era obligada, una vez que los servicios jurídicos y técnicos de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo determinaron que el nuevo impuesto lesiona preceptos constitucionales.