La Junta asegura que unos 60 grupos inversores quieren comprar patrimonio

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, hizo ayer una parada en sus vacaciones para salir al paso de la información publicada por esta redacción en la que se detalló el plan económico del Gobierno andaluz para vender patrimonio por casi mil millones de euros con el plazo límite del 30 de noviembre y de esta manera ingresar un dinero básico para equilibrar los Presupuestos de 2011. De producirse una "desviación" en los ingresos, la Junta se compromete a buscar otras alternativas de compensación.

La consejera se refirió, en declaraciones a Efe, al estado de la operación para la venta de edificios administrativos mediante la fórmula del sale and leaseback (venta de inmuebles para después alquilarlos con una opción de recompra a 20 o 30 años). Esta operación para obtener liquidez la cuantificó la Junta en el documento presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio en 676 millones. A ellos sumó 200 millones de la venta de solares de la deuda histórica y 75 de suelo del extinto IARA. Aguayo no explicó el estado de tramitación de éstos. En total, unas operaciones para obtener liquidez de 951 millones.

Aguayo aseguró que la Junta mantiene negociaciones con unos 60 inversores, básicamente fondos de inversión y de pensiones y aseguradoras de ámbito internacional, aunque también nacionales, que tienen potencial suficiente y están muy interesados en esta operación de venta de unas 80 sedes administrativas.

La consejera informó de que en julio se inició la visita a los inmuebles para las revisiones y, a finales de ese mes se remitió el documento resumen preliminar a todos los inversores interesados en la operación. Agregó que durante esta semana se ha remitido el cuaderno de ventas, que es un documento más descriptivo en el que se detallan los activos y las condiciones generales de la compraventa y el arrendamiento, a las empresas que han confirmado su interés y han remitido carta de confidencialidad.

Una vez se reciban, después del verano, las ofertas vinculantes, se seleccionará y negociará con un grupo reducido de inversores para la obtención del precio óptimo y las mejores condiciones del arrendamiento, explicó la consejera. Continuó que ya se han redactado los modelos de contrato de compraventa y arrendamiento, adaptándolos a las consideraciones de la Intervención General de la Administración del Estado, para garantizar la configuración de la operación como arrendamiento operativo.

La operación de sale and leaseback consiste en la venta de un conjunto de activos inmobiliarios, propiedad de la Junta, a una o varias entidades, para después alquilarlos con derecho a compra.

La Junta informó de que obtuvo en una primera venta 77 millones por cinco edificios con la venta a la sociedad dependiente Agesa. En esta segunda fase se ha abierto la posibilidad a inversores privados, una opción que no se abordó en la presentación de los Presupuestos el pasado año y que se incluyó este año por acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de marzo. Este acuerdo no fue difundido en las referencias de la reunión.

La Junta se apoyará en una empresa consultora con el objetivo de obtener las mejores condiciones, tanto en el precio de venta como en el posterior arrendamiento. Durante este proceso, se invitó a siete empresas, seleccionando la oferta presentada por BNP Paribas, acompañada de Cliford Chance como asesor jurídico, y a BNP Real Estate como experto inmobiliario y Deloitte como consultora financiera y contable, desveló la consejera.