La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda presentará en las próximas semanas un decreto ley que habilitará a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, aunque la norma establecerán limitaciones al sector con el objetivo de garantizar "la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano", asegura la consejera Marifrán Carazo, quien destaca que el Gobierno andaluz, que ya ha abierto el diálogo con el sector, "no quiere que el taxi sufra con esta decisión y que, como hasta hora, se tomarán las decisiones con el máximo consenso posible".

El Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, el conocido como "decreto Ábalos", introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de los VTC, suprimiendo los servicios urbanos y limitándolos al servicio interurbano. El decreto, sin embargo, permitió un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, instando además a las comunidades autónomas a regular la habilitación del servicio urbano a partir de esa fecha. Puesto que la pandemia paralizó este servicio y, como compensación por las pérdidas sufridas, el Gobierno andaluz solicitó al Ministerio prolongar esta moratoria que recoge el decreto Ábalos, medida que fue rechazada pese a que también fue solicitada por otras comunidades, señalan fuentes de la Consejería de Fomento.

"Defendemos que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, que sea el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley", ha indicado la consejera después de subrayar que se reforzará la inspección, con el objetivo de duplicar las actuaciones inspectoras.

Sólo dos comunidades autónomas cuentan con una regulación del VTC en vigor, Madrid y Cataluña, ambas con planteamientos prácticamente opuestos. La regulación madrileña, aprobada en junio, permite la circulación de los VTC aunque los detalles serán desarrollados en ulteriores reglamentos. La norma catalana, aprobada un mes después, establece en cambio limitaciones a los VTC como la prescripción de una dimensión mínima a los vehículos de 4,9 metros, la imposición de un seguro de responsabilidad de 50 millones de euros, la prohibición de recoger pasajeros en la vía pública o la necesidad de precontratar el servicio con 15 minutos de antelación, según señala la Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid.

La regulación de los VTC está provocando un revuelo judicial. Hay resoluciones contradictorias en toda España. Comunidades autónomas como Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia plantearon ya la regulación de los servicios de los vehículos con licencia de VTC, exigiendo en general un tiempo de precontratación de entre 15 y 60 minutos, algo que provocó reclamaciones patrimoniales millonarias por parte del sector. La Comisión Europea publicó recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias con recomendaciones para revisar y adecuar la normativa a las directrices y la libre competencia que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado, entre ellas, se recomienda evitar la precontratación con tiempo o el regreso a la base.

El Tribunal Supremo ha reabierto el estudio de uno de los grandes dilemas en la regulación de los VTC. La ratio incluida en el decreto Ábalos dicta una licencia de VTC por cada 30 de taxis, aunque se trata de una cuestión que los magistrados han preferido elevar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una valoración prejudicial. Según el Ministerio de Transportes, hasta el 1 de agosto, la proporción era de un VTC por cada 3,4 taxis. En Andalucía esta proporción es de un VTC por cada 2,7 taxis.

Las comunidades con mayor número de licencias de VTC son Madrid (8.266), Andalucía (3.256), Cataluña (2.580) y Comunidad Valencia (681). Andalucía concentra el 19% de las autorizaciones de VTC que existen en España. El número de licencias andaluzas de taxis es de 8.782. Si se aplicara la ratio establecida en el decreto Ábalos, uno frente a 30 taxis, en Andalucía deberían quedar 320 VTC.