La Junta de Andalucía ha hecho efectivo su anuncio de presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la creación del impuesto temporal a las grandes fortunas y solicita del Tribunal Constitucional que suspenda de manera cautelar la aplicación del mismo por entender el perjuicio que ocasionaría su entrada en vigor. Los argumentos del recurso al que ha tenido acceso este periódico, inciden en la "extrema gravedad" de la medida adoptada por el Gobierno central, así como de la manera que se ha llevado a cabo (mediante una enmienda a una Proposición de Ley) que vulnera desde el principio de autonomía financiera, el Estatuto de Autonomía, la ley de financiación autonómica y los principios de constitucionalidad y de lealtad institucional.

El grueso de la argumentación presentada por el Gabinete Jurídico de la Junta, se basa en que el nuevo impuesto "afecta a la autonomía financiera de las comunidades autónomas" algo que considera de "una gravedad extrema", toda vez que la nueva regulación supone la creación "de una manera artificiosa de un impuesto que coincide en sus elementos esenciales con el del Patrimonio", uno de los cedidos a la comunidad autónoma andaluza y sobre el que había legislado fruto de la potestad que tiene sobre los mismos y que había decidido su eliminación.

La argumentación del Ejecutivo autonómico va más allá y rechaza la manera en que se llevó a cabo la tramitación del nuevo tributo, "en virtud de una enmienda tardía a una proposición de Ley que nada tiene que ver con el sistema de financiación autonómico, ni con la finalidad armonizadora y que pretende introducir en nuestro Derecho gravámenes excepcionales".

También la Junta analiza el papel jugado por el Ejecutivo central a la hora de aplicar esa nueva tributación toda vez que en la Comunidad de Madrid llevaban diez años con las bonificaciones sobre el impuesto del Patrimonio sin que nada hiciera pensar que en los dos últimos meses del año fuera a alterarse tan radicalmente el régimen existente" y coloca a Andalucía en "peor condición" respecto a País Vasco y Navarra, ya que con ellas se pactará en comisión mixta la adaptación al nuevo impuesto.

De hecho, el recurso va incluso más allá y considera que se ha producido "fraude de ley" y que se utiliza el derecho de enmienda de los parlamentarios para "soslayar" el procedimiento establecido en el bloque de constitucionalidad "y conseguir tener cuarenta días más tarde neutralizadas y vacías de contenido las competencias normativas de las comunidades". Asimismo, "vacía y deja sin contenido" las competencias normativas atribuidas a la comunidad andaluza sobre el Impuesto de Patrimonio, por lo que "vulnera" su autonomía financiera y política al modificar "de manera fraudulenta" y sin seguir el procedimiento constitucional establecido para la cesión del referido impuesto.

El Gobierno andaluz está convencido de que el Estado, a través del Legislativo, "ha actuado de mala fe" en el procedimiento.  En este sentido, entiende que el procedimiento no sólo vulnera la Constitución, sino que constituye una conducta del legislador "en claro fraude de ley" que es "contraria a los principios de seguridad jurídica", la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y la lealtad constitucional.

También argumenta en el recurso la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el "imprevisible y no justificado cambio normativo" dejó "sin posibilidades reales de reacción a los ciudadanos destinatarios del impuesto.

La mitad de los grandes patrimonios se va fuera 

De hecho, ayer mismo consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha advertido de que, "en los dos últimos años" de vigencia del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, "15 de las 30 mayores personas que tuvieron que tributar" por él "se fueron" de la comunidad autónoma, "muchas de ellas a Madrid, porque no tiene" dicho tributo.

La consejera ha concluido remarcando que la Junta quiere que "los grandes inversores", que quienes "viven en nuestras costas pero no se hacen residentes porque no quieren tributar por el impuesto de Patrimonio, se hagan residentes" en Andalucía, así como ha subrayado que "tenemos comprobado que, por cada euro que perdemos de Patrimonio, ganamos cinco euros en impuesto sobre la renta y en IVA sobre el consumo, por lo que se aumentaría la recaudación por IRPF y por IVA" suprimiendo en la práctica el impuesto de Patrimonio.

Montero y Espadas

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó ayer que defender a Andalucía "no es defender a una minoría privilegiada", en referencia "al 0,2% de la población" beneficiada de la supresión del impuesto de patrimonio, a los que "se les hace un regalo fiscal de 6.000 euros". "Defender Andalucía es blindar los servicios públicos para que sean de calidad en la sanidad universal, en la educación pública, en la universidad pública, velando por la calidad para que no tengan mas oportunidades aquellos que tienen más recursos para pagar una carrera".

En la misma línea, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya esgrimido la "autonomía fiscal" de Andalucía para "defender a 17.000 grandes fortunas", que serían quienes se beneficiarían de la bonificación al 100% del impuesto sobre el Patrimonio en la comunidad autónoma. Para Espadas "están claras las prioridades del PP, claramente destinadas a seguir favoreciendo o protegiendo a quienes tienen más recursos económicos", mientras que por parte del PSOE creen que "esos regalos fiscales no se pueden hacer cuando hay necesidades para la sanidad y la educación públicas, o la dependencia, las residencias o las personas mayores esperan más recursos económicos para conseguir reducir las listas de espera".