La petición de imputación del ex ministro Manuel Pimentel en el caso de los ERE fraudulentos se produce a partir de la investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, que en julio pasado remitió un atestado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que apuntaba que el ex titular de Trabajo había tenido un papel “inconcreto y difuso” en la solicitud y consecución de ayudas a los trabajadores de la empresa Taller de Libros, cuyo consejo de administración presidía.

Los investigadores apuntaban igualmente que la presencia de Manuel Pimentel en la reunión que los trabajadores mantuvieron con el director de Trabajo Juan Márquez "fue por requerimiento de las partes que negociaban la solicitud y concesión de las ayudas, el comité de empresa y las autoridades laborales".

En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el pasado 22 de junio, Pimentel explicó que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y precisó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa "no lograba resultados económicos favorables".

Según el ex ministro, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda "fue a una cuenta creada por los trabajadores", por lo que "cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales".

El atestado de la Guardia Civil considera que los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez podrían haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación, ya que "concedieron de manera arbitraria y exenta de trámites administrativos la solicitud y concesión de las ayudas investigadas".

La Guardia Civil asevera que la asociación de prejubilados "se crea para que pueda existir una sociedad beneficiaria de las ayudas sociolaborales, que estaban previstas antes de la creación de la asociación de prejubilados de Graficromo, que se constituyó como tal el 30 de mayo de 2006", añadiendo que "diez de los 23 trabajadores tenían conocimiento que iban a ser receptores de unas pólizas que pagaban rentas hasta la edad de jubilación y que estas pólizas iban a ser sufragadas por la Junta".

"Los 13 trabajadores restantes, que no estaban incluidos en estas pólizas ni eran asumidos por la nueva empresa Taller de Libros, eran beneficiarios mediante un acuerdo tácito mediante el cual la indemnización que correspondía a los diez que recibían pólizas pasaba a un fondo solidario compensatorio gestionado y repartido por el comité de empresa", argumentaban los agentes.