El Gobierno central llevará al Tribunal Constitucional el decreto mediante el cual la Junta devolvió a sus empleados públicos la jornada laboral de 35 horas semanales. El Consejo de Ministros celebrado ayer decidió interponer un recurso ante el Alto Tribunal y además pedirá la suspensión cautelar de la iniciativa, como hizo en Castilla-La Mancha, por lo que los 270.000 empleados públicos de la Junta podrían verse afectados por esta decisión. El deseo de la Consejería de Hacienda y Administración Pública era que se pudiera seguir aplicando la medida hasta llegar a un consenso. Sin embargo el propio Gobierno alude a la falta de acuerdo como razón para impugnar la medida de la Junta.

La noticia que llegó ayer desde La Moncloa no se esperaba en el equipo de María Jesús Montero por su tardanza. Era la última oportunidad que tenía el Gobierno para recurrir la reducción de jornada de la Junta, puesto que el plazo de nueve meses que tenía para ir al Constitucional acaba el próximo jueves. El procedimiento habitual otorga un periodo de tres meses para impulsar este tipo de recursos, pero el propio Gobierno convocó una comisión bilateral con el Ejecutivo andaluz para buscar un acuerdo. Al activar la mencionada comisión bilateral, el plazo se ampliaba otros seis meses, pero el organismo sólo se ha reunido en dos ocasiones y, según Hacienda, los encuentros no han sido demasiado fructíferos.

Finalmente el Ejecutivo popular ha decidido impugnar el decreto del 11 de octubre del año pasado que devolvió a los trabajadores públicos de la Junta la jornada laboral que tenían antes de la crisis. Además de esa norma, el Gobierno también recurrirá los artículos del Presupuesto de la Junta de 2017 que permiten la contratación de personal para cubrir las horas que quedan vacantes tras la reducción desde las 37,5 horas semanales.

La decisión del Gobierno abre otro frente entre La Moncloa y San Telmo en pleno conflicto por el reparto del objetivo de déficit para las regiones que ha hecho el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que la Junta rechaza de pleno. La presidenta andaluza, Susana Díaz, calificó la decisión del Ejecutivo de Rajoy como un "hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo", mientras que María Jesús Montero pidió al Gobierno que reconsidere su decisión de solicitar la suspensión cautelar de la aplicación de la jornada de 35 horas.

Méndez de Vigo explicó ayer que la iniciativa de la Junta no es "vertebradora ni cohesionadora" y que su tramitación como decreto ley no está justificada porque tampoco se trata de "un caso de excepcional y urgente necesidad" para romper el marco "común al resto de España" en la jornada laboral de los trabajadores públicos. No lo ve así el Ejecutivo andaluz, que defiende su "capacidad financiera suficiente" para revertir una medida que se aprobó en 2012 con el objetivo contener el gasto en los años más duros de la crisis económica. Además, desde Hacienda rechazan el argumento de la desigualdad entre regiones empleado por Méndez de Vigo, ya que el propio Gobierno central ha dado libertad a las regiones para aplicar otras medidas en el marco de recuperación de derechos tras la crisis económica, como la devolución de la paga extra de 2012. En Andalucía, apuntan estas fuentes, se ha priorizado la reducción de jornada, que, aseguran, es una competencia de las regiones según el Estatuto Básico del Empleado Público.

La suspensión de la medida impulsada por la Junta afectará a los empleados públicos que hay en la Administración autonómica, pero también a los 7.000 nuevos trabajadores que, según la estimación de la Junta, se pueden crear gracias a la reducción de jornada y la necesidad de cubrir esas horas que se quedan vacantes. "El Gobierno expresa un absoluto desprecio a los trabajadores públicos andaluces", añadió Montero para después asegurar que se trata de un "agravio añadido" para la comunidad.