La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una condena de cuatro años y seis meses de prisión para el ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y de cuatro años y tres meses de prisión para el ex asesor de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, en relación con las ayudas de 1.837.229,88 euros concedidas a la empresa Saldauto Sevilla.
El Ministerio Público acusa a Daniel Alberto Rivera de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental, en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos, por los que solicita cuatro años y medio de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros, mientras que en el caso del ex parlamentario del PSOE Ramón Díaz Alcaraz -que ha sido exculpado de diversas piezas de los ERE- le atribuye una conducta de cooperador necesario en el delito de malversación por el que reclama cuatro años y tres meses de cárcel e inhabilitación por 15 años.
Los otros seis investigados son dos ex responsables de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, que se enfrenta a siete años de cárcel por un delito continuado de malversación, y Jesús María Bordallo, para el que la Fiscalía pide seis años, así como el delegado de la empresa Saldauto Sevilla, Baldomero L. B. (le piden seis años y seis meses de cárcel) y tres intrusos que se enfrentan a penas de tres años y tres meses de cárcel.
La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha exculpado a Daniel Alberto Rivera, mientras que en el caso de Ramón Díaz Alcaraz ha pedido una condena de dos años de prisión y tres años y tres meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Tras la presentación de los escritos de acusación, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado con fecha 26 de febrero pasado el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que el instructor ha fijado una serie de fianzas para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles a cada uno de los ocho acusados, entre ellos Daniel Alberto Rivera (170.500 euros) y Ramón Díaz Alcaraz (290.000 euros), hasta completar el importe total de las ayudas concedidas.
En el auto, el juez considera que no procede la apertura de juicio oral contra las entidades Saldauto Sevilla, Vitalia Vida y Travol 2007 como responsables civiles subsidiarios porque, según las consultas realizadas en el registro mercantil, estas sociedades "carecen de actividad y de solvencia".
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