La Fiscalía pide investigar a Antonio Fernández por el desvío de 6 millones de cursos a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
Dos hermanas
Considera que cada año se le concedían subvenciones sin justificar el gasto y que acabaron en un destino distinto al de la formación de los trabajadores.
Un juzgado de Lebrija ha estimado la petición de la Fiscalía de Dos Hermanas para investigar al ex consejero de Empleo Antonio Fernández por el presunto desvío de seis millones de euros de subvenciones destinadas a los cursos de formación para desempleados que se concedieron a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
La investigación se inició en los juzgados de Lebrija, donde hay abiertas en la actualidad hasta 11 diligencias previas en las que se investigan ayudas con fondos públicos a la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir. En una de esas diligencias, que tramita el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lebrija, la Fiscalía de Dos Hermanas pidió el pasado 19 de abril al juez que se inhibiera a favor de los juzgados de Sevilla al apreciar indicios de un delito de prevaricación que podría atribuirse al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.
Entre los años 2007 y 2010, la Junta de Andalucía concedió unos dos millones de euros al año en subvenciones a la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir para la realización de cursos de formación para trabajadores desempleados. Del análisis de esas subvenciones, el Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que las ayudas no se han justificado el gasto y no se han dedicado para ese fin para el que inicialmente se otorgaron.
Según el Ministerio Público, la Junta de Andalucía realizó exoneraciones de justificación del gasto a esta entidad de manera sistemática, cada año, y la Fiscalía entiende que debe investigarse al ex consejero Antonio Fernández por ser el “responsable legalmente de excusar las justificaciones en los pagos y de dictar las resoluciones de exoneración, resoluciones que están previstas en la ley con carácter excepcional y no de forma habitual”.
La Fiscalía estima que se han perdido unos seis millones de euros que no llegaron al destino para el que se concedieron, la formación de los trabajadores desempleados.
El juzgado de Lebrija ha aceptado la petición de la Fiscalía y se ha inhibido a favor de los juzgados de Sevilla, que ahora deberá repartir esta nueva investigación en uno de los juzgados de Instrucción.
Las mismas fuentes consultadas entienden que estos hechos no serían encuadrables, en principio, la investigación sobre los cursos de formación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en la que ya está imputado precisamente el ex consejero Antonio Fernández.
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