Díaz pide audiencia a Rajoy y le exige el mismo trato que a otras autonomías

Aunque hasta principios de septiembre no se aupará al máximo cargo político de Andalucía, Susana Díaz, consejera de Presidencia e Igualdad, ya ejerce de tótem. Y lo hace por dos motivos: primero, porque José Antonio Griñán está desaparecido en combate a la espera de su previsible retiro a los cuarteles de invierno del Senado. Segundo, porque todos -IU, el socio de Gobierno; PP, el único partido de la oposición- han de ir familiarizándose con el nuevo rostro y las presuntas nuevas maneras del socialismo andaluz. Ayer, en una entrevista concedida a Europa Press, Díaz, que ha vuelto a la pasarela mediática tras unas breves vacaciones, confió en que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, la reciba en cuanto estrene responsabilidades.

El propósito es "establecer una relación fluida" entre ambas administraciones, explicó la dirigente sevillana. Los antecedentes no ayudan. El Gobierno del PP ha recurrido hasta tres veces ante el Tribunal Constitucional el proyecto normativo de subasta de medicamentos de la Junta y, más recientemente, el decreto antidesahucios, una de las medidas estrella de la coalición que gobierna en Andalucía. Así hasta superar la decena de recursos.

La respuesta de los servicios jurídicos de la Junta no ha sido precisamente tibia. Siete veces ha percutido por decisiones adoptadas desde Madrid que afectan a su marco competencial. El último caso nace a raíz de la Ley de Costas, una especie de llave al revival de la hipertrofia urbanística que ha convertido a España, según Greenpeace, en un país devorado por el ladrillo.

La inminente presidenta de la Junta espera que Rajoy dedique a Andalucía una atención "al menos similar a la que tiene con otros territorios de España". "Hay que mejorar la fluidez y la comunicación, y con ese fin la Junta tenderá la mano para que la relación con el Gobierno sea permanente", añadió.

Los contactos serán, desde luego, más o menos permanentes, pero quizás no se materialicen a nivel de Estado, como a Díaz le gustaría. Porque hasta ahora la gran línea de conexión entre el Estado y las autonomías ha sido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De ahí parten las inyecciones económicas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un instrumento de financiación clave cuando la mayoría de las comunidades tienen cerrados los mercados financieros. De ahí, también, las reformas que las comunidades están obligadas a ejecutar para tener acceso a dicha financiación. De ahí los objetivos de déficit que año a año complican la elaboración de los presupuestos públicos regionales (la Junta tendrá que lidiar con un 1% en 2014). De ahí, finalmente, el esquema de reordenación de las administraciones paralelas creadas a rebufo del Estado de las Autonomías. Díaz y Rajoy hablarán bastante menos que el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, y su (todavía) contraparte en Andalucía, Carmen Martínez Aguayo.