La Policía Nacional ha detenido a J.M.P. y A.N.S., dos vecinos de la capital y Roquetas de Mar (Almería) acusados de planear una trama inmobiliaria de falsas subastas con la que estafaron a al menos 15 personas por cantidades que en total superan los cuatro millones de euros, según informó hoy la Comisaría provincial en una nota.

La operación 'Subasta', que explotó los pasados días 4 y 5, ha permitido asimismo la intervención de un vehículo de alta gama, dos inmuebles en el municipio de Roquetas de Mar, una finca rústica en Alcolea, así como más de 50 caballos pura sangre de raza española y numerosa documentación falsa que incluía autos judiciales y procedimientos de embargo.

Los hechos se remontan a 2004, fecha en la que, según consta en la investigación, J.M.P. empezó a engañar a diversas personas con el pretexto de adquirir una serie de bienes inmobiliarios que supuestamente obtendrían de forma ilegal a través de una serie de subastas que serían amañadas por parte de terceras personas.

El cerebró de la trama solía acudir a dependencias judiciales para conocer, a través de los propios tablones de anuncios expuestos al público, los bienes inmobiliarios embargados y pendientes de subasta publica. Posteriormente, hacía creer a las víctimas que tenia un primo en un juzgado de Almería al que dio el nombre de Alberto, personaje ficticio que supuestamente podía intervenir en los procedimientos judiciales mediante una herramienta denominada 'Cesiones de Remate'.

Así, J.M.P. mostraba a las personas a las que presuntamente estafó el listado de lotes de inmuebles y si estaban interesadas en alguno les obligaba a entregar una cantidad de dinero en efectivo en concepto de reserva que a su vez, según les decía, él le entregaría a su primo para que una vez que se procediera a la subasta publica y adjudicación de los inmuebles, se pudieran hacer las escrituras a un precio muy por debajo de lo usual en el mercado.

Para dar verosimilitud a la operación, el presunto estafador les mostraba las viviendas aunque siempre desde el exterior ya que alegaba que por encontrarse bajo embargo judicial no se podía acceder a su interior.

Una vez que ganaba la confianza de la victima y debido a que el precio que debía pagarse por el inmueble era sensiblemente inferior al de mercado, J.M.P. iba periódicamente solicitando diversas cantidades siempre en efectivo, que justificaba ante las víctimas en supuestos pagos de tasas, impuestos o escritos.

Para completar el engaño, también solía pedir en el Registro de la Propiedad notas simples y certificados de cargas y gravámenes al tiempo que falsificaba documentos judiciales que entregaba a las victimas cuando le reclamaban alguna prueba de su actividad.

En el transcurso de la trama, J.M.P, de 36 años conoció A.N.S., propietario de 58 años de restaurante en Aguadulce, quien, tras conocer las actividades inmobiliarias, se mostró interesado por ellas y le ofreció terrenos y fincas que el mismo poseía en Alcolea con objeto de crear una sociedad para la compra de fincas en el citado municipio, de las cuales ambos participarían al 50 por ciento.

Como parte de la misma sociedad, A.N.S. actuó de enlace con diversas personas, una de las cuales llegó a entregar a los presuntos estafadores cantidades por valor de unos 2.700.000 euros que nunca pudo reclamar a través del inmueble adquirido ya que, según el modus operandi, se arriesgaban a perder todo el dinero entregado y a su implicación en presuntos delitos de cohecho y prevaricación.