Críticas a la regularización de viviendas que se plantea el Gobierno

Ecologistas en Acción dice que el cambio de normativa atraerá al urbanismo salvaje

Efe / Sevilla

01 de agosto 2011 - 05:04

Ecologistas en Acción expresó ayer su rechazo al borrador de decreto de la Junta de Andalucía que regula las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable por ser un "aval para el urbanismo salvaje". Según esta organización, el decreto de la "amnistía urbanística" es "contrario a la legislación y crea un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio".

Este grupo ecologista ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda propuestas sobre dicho borrador de decreto, que ha iniciado su tramitación tras ser anunciado por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en el reciente Debate parlamentario sobre el Estado de la Comunidad. Ecologistas en Acción denunció ayer que la propuesta de la Junta pretende eludir las estrictas normas de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo y del Plan de Ordenación del Territorio (POTA) en relación con las condiciones para la construcción de viviendas en suelo rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a las explotaciones agropecuarias, prohíben las segundas residencias y los nuevos núcleos de población. También se ignorarían en esta "regularización" los límites de crecimiento que estipula el POTA.

Además, según Ecologistas en Acción, la "regularización" de cientos de urbanizaciones y decenas de miles de viviendas ilegales desgajadas de los núcleos de población creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o imposibles de acometer por su dispersión.

Esta "regularización" generalizada en suelo rústico provocará una pérdida del patrimonio paisajístico irreversible, según Ecologistas, que alertó de que este urbanismo "se sitúa en las antípodas de la sostenibilidad, consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles o imposibles de tratar". "Es inadmisible que se exijan menos reglas sustantivas y estándares de ordenación para regularizar viviendas ilegales que a promociones legales dentro del planeamiento", censuró esta organización.

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