La fase testifical del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE entra en su recta final con la declaración esta semana de los últimos once testigos que se suman a los más de 120 que han rendido testimonio en los últimos meses. Tras el parón de las vacaciones de agosto -la última sesión tuvo lugar el 25 de julio-, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla retoma mañana martes las sesiones, con la declaración en principio de cinco testigos: Victoria Pérez Martínez, el ex consejero de la Cámara de Cuentas Antonio Marmolejo Ledesma; el ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado; el ex director de Industria Jesús Nieto; y el ex jefe de servicio de la Intervención General de la Junta Manuel Sivianes Velázquez.

Para el miércoles 5 de septiembre, el tribunal ha citado entre otros al ex interventor adjunto Luis Hinojosa; a la ex responsable del servicio de Presupuestos y Gestión Económica de la Consejería de Empleo Isabel Carrillo;  y a Margarita Regli, letrada jefe de la Cámara de Cuentas

Pero sin duda el testimonio más esperado por algunas de las defensas que alegan que las ayudas concedidas por la Junta estaban amparadas por la orden del Ministerio de 5 de abril de 1995 es el de la que fuera directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Soledad Cordova Garrido. Esta ex alto cargo del Ministerio, que está imputada en la pieza en la que se investigan las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, y en su declaración como imputada el 17 de octubre de 2017 en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Soledad Cordova -que ocupó el cargo entre 1991 y 2004-, se refirió precisamente a esta orden.

La juez María Núñez Bolaños le preguntó en concreto si consideraba que la actuación de la Administración pública andaluza y de la Administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones –sin ningún tipo de concurrencia pública y de manera excepcional–, incurría “en algún tipo de ilegalidad”. La respuesta de Soledad Cordova fue contundente: “Para nada. Se han aplicado estrictamente los criterios de la orden de 1995. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones”, recoge la grabación de la declaración incorporada al sumario.

Es más, según esta ex alto cargo, con la vigente Ley de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, “se ha adecuado la orden a las previsiones de la ley de subvenciones. Las ayudas siguen siendo las mismas y siguen pudiendo ser de adscripción directa, tanto las aplicadas por la Junta de Andalucía” como las del Estado.

En ese momento, la instructora intervino para puntualizar. “¿Quiere usted decir que el marco legal es el mismo?”, preguntó Bolaños. “Puede ser, claro, es que la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa puede hacerlo la Junta de Andalucía” porque tiene “plenas competencias en materia laboral”, respondió la ex directora general de Trabajo, que continuó diciendo lo siguiente: “es más en la orden de ayudas, no recuerdo si es en el artículo segundo o tercero, se contempla la posibilidad de no conceder las ayudas cuando bien alguna otra administración, o la empresa o entidad similar hubiera dado ayudas o similares a la de la orden, luego ya de entrada se está reconociendo” que pueden darse.

En el caso de la Faja Pirítica, la ex alto cargo insistió en que podían concederse dichas ayudas el final de ese mismo artículo “viene a decir que esa excepción se puede dar, como sería el caso de la Junta o en la Faja Pirítica cuando hay un reconocimiento en ese proceso de reestructuración entre las dos Administraciones, es decir que la Junta puede dar perfectamente las ayudas que vienen contempladas en la orden, lo que yo ya desconozco señoría es el procedimiento de concesión. No conozco las normas autonómicas, pero es que la Junta tiene competencia plena en las ayudas excepcionales”, agregó.