La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que se recabe un informe a los servicios médicos penitenciarios de la cárcel de Sevilla antes de pronunciarse sobre si debe suspenderse el ingreso en prisión del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -que fue condenado a siete años y un día de prisión por el caso de los ERE-, debido a la enfermedad que padece.

En un escrito remitido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, han pedido, al igual que hicieron en el caso del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán que, antes de pronunciarse sobre la suspensión de la pena planteada, que se recabe un informe de los servicios médicos penitenciarios de la prisión de Sevilla para que estos profesionales valoren si "conforme a su experiencia en internos con padecimientos iguales o similares, el penado pudiera ser sujeto del régimen y tratamiento penitenciario, esto es, si puede o no seguir las revisiones y pautas del tratamiento prescrito y por tanto conllevar su enfermedad estando cumpliendo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario".

Los fiscales han respondido de esta forma ante la petición de la Audiencia de Sevilla que les dio traslado del informe médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz de fecha 16 de febrero de 2023 para que se pronunciaran sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad realizada por la defensa de Barberá.

El letrado de Barberá solicitó la suspensión en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.