La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado al ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler Márquez, que se convierte en el octavo ex consejero imputado en la causa y que deberá comparecer ante la instructora el próximo 17 de junio.

En un nuevo auto, la magistrada explica que con esta imputación se cierra el "capítulo relativo al papel" desempeñado por la agencia Idea y por consiguiente de la consejería de Innovación a la que estaba adscrita desde el 2004, "como compañero perfecto de la Consejería de Empleo en el proceso no sólo de materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L", conocido como el fondo de reptiles.

La juez añade que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a Idea por la Intervención General de la Junta, volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado. Este informe, prosigue Alaya, sería recibido el 4 de noviembre de 2009 por el entonces consejero de Innovación, Martín Soler Márquez, que ostentó el cargo entre abril de 2009 y marzo de 2010. 

La instructora concluye que a pesar de las conclusiones de este informe, la Agencia Idea "seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo", por lo que Alaya acuerda imputar a este ex consejero.

Además de Martín Soler, Alaya imputa a otras tres personas en la causa por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, entre otros. Los nuevos imputados son Isidoro Ruz Espigares, Manuel Robles Castaño y Agustín Moreno Reviriego, lo que deja en 183 el número de imputados en el macroproceso –ya que Alaya ha archivado la causa contra otras seis personas-.

Isidoro Ruz es socio de Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero, y según Alaya las empresas que ambos constituyeron se crearon con el "único fin de obtener subvenciones de la Junta, a sabiendas de que les iban a ser concedidas” por el director general "con total ausencia de procedimiento", como ocurriría con las sociedades Lladelso Hoteles y Ave Nueva. A través de esta última empresa lograron una ayuda de 450.000 euros gracias a un convenio suscrito con la dirección de Trabajo el 16 de febrero de 2004 en el que se aludía a un supuesto acuerdo de colaboración con Uvesa, una sociedad dedicada a la producción de aves, habiendo presentado para acreditar la necesidad y el fin de la subvención "un proyecto de tan sólo dos folios", advierte la juez.

El segundo imputado es Manuel Robles Castaño, representante de la empresa Barbadillo y que estaría relacionado con las irregularidades que se investigan en torno a las ayudas concedidas a las empresas del tándem formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago.

Otro de los imputados es Antonio Polonio Correa, un vecino de Las Navas de la Concepción que recibió una ayuda de 150.000 euros en virtud de un convenio de colaboración suscrito el 1 de octubre de 2003 con Javier Guerrero para la "gestión y coordinación de las ayudas relativas a sectores en situación de crisis o en vías de desarrollo económico de Andalucía.

El tercer nuevo imputado es Agustín Moreno Reviriego, ex alcalde Torrecera, una pedanía de Jerez de la Frontera, quien según la juez "prevaliéndose de su presunta relación con el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández García", sería beneficiario de rentas derivadas de una póliza suscrita para las prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, con un coste de 160.883,92 euros, a pesar de que "nunca trabajó en ninguna de las empresas que comprenden la faja".

La juez informa en el auto que ha requerido además a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, a la mayor brevedad posible, remita al juzgado la investigación relacionada con los dos ingresos que por importe de 30.000 euros cada uno realizó en abril y octubre de 2001 Agustín Moreno Reviriego en la cuenta del entonces consejero Antonio Fernández.

Por su parte, Alaya recoge en el auto los hechos que se imputan a otras personas, como es el caso de Antonio Dieguez Viera, un vecino de Cazalla de la Sierra que recibió una subvención de 300.000 euros para un "supuesto proyecto" para crear un alojamiento rural en el parque natural de la Sierra Norte de Sevilla y que lograría "en virtud de sus influencias” con el director de Trabajo. En octubre de 2005, Antonio Dieguez constituyó con el también imputado Gregorio Martínez Piñero la sociedad Promociones Vinícolas, una “empresa instrumental y totalmente vacía de contenido, pues la misma no presenta ningún tipo de gastos o ingresos relacionados con su objeto social" y que recibió una ayuda de 444.748,96 euros, cantidad que la juez entiende que podría estar encaminada a cubrir una primera ayuda que se le había concedido.

Alaya también ha imputado a Santiago Florencio Pablo, esposo de Rocío Sayago, ex secretaria del ex director de Trabajo, que recibió una subvención de 60.000 euros y al que la juez le atribuye presuntamente delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.

La juez ha fijado asimismo un nuevo calendario de declaraciones de otros 30 imputados, que comparecen los días 12, 13, 16 y 17 de junio, y entre las que destacan el primer día la comparecencia del presidente de Unicaja, Braulio Medel, que había sido citado inicialmente para mañana, y de Ángel García de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

De otro lado, la juez ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre la petición de la Junta de Andalucía de que se impute a Alfonso Seoane Yarza, el que fuera estrecho colaborador del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y los empresarios o miembros en consejos de administración de empresas de la Sierra Norte Rafael Ávila y José Enrique Contreras Sáenz de Tejada, así como a la ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, en este último caso en relación con el expediente de la empresa Aglomerados Morell. 

Seoane aparece como administrador de una empresa dedicada a la promoción de productos agrícolas ubicada en la Sierra Norte de Sevilla.

Por último, Alaya ha acordado el archivo de la causa contra seis  personas: Rosario González Agulló, José Antonio Rivera Martín, Diego Guerrero González, Antonio Parrado Pérez, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, estos dos últimos ex directivos de Nueva Rumasa, por considerar que no consta acreditada en las actuaciones su "dolosa participación en los hechos investigados".

La juez ha rechazado, por el contrario, archivar la causa contra el ex delegado de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, al entender que la devolución del dinero que percibió "indebidamente" no desvirtúa los hechos que le fueron imputados y que firmara una póliza vinculada a la empresa Calderinox.