El Defensor del Menor en Andalucía ha hecho un segundo requerimiento a la Consejería de Educación andaluza sobre la promoción de la caza en las escuelas durante el curso 2020/21, que ha sido objeto de una queja por parte de la asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA).

Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y también Defensor del Menor, ha comunicado hoy a los demandantes que a fecha del 28 de julio siguen “sin obtener respuesta de la Consejería de Educación y Deporte a las cuestiones que en su día le planteamos, por lo que hemos dirigido un nuevo escrito reiterándole por segunda vez el requerimiento que le hicimos”. El primer requerimiento fue hecho el 23 de abril de 2020.

La asociación AADA había pedido al Defensor del Menor Andaluz un informe sobre la vulneración de los derechos de los menores en caso de implantarse para el curso 2020/2021 la promoción de la caza en las escuelas.

Lo hizo apoyada en un manifiesto de octubre de 2019 contra la medida que fue suscrito por más de 350 organizaciones entre sindicatos de enseñanza, partidos, Federaciones de Padres y Madres, colectivos de profesores y asociaciones animalistas.

AADA denunció “el desprecio por parte de la Junta de Andalucía a los andaluces y andaluzas que están en contra de la cultura de la violencia hacia los animales”. También criticó que el consejero de Educación, Javier Imbroda, no atendiese las peticiones de reunión.

A juicio de AADA, la promoción de la caza en las escuelas -aprobada por PP, Ciudadanos y VOX- “entra en conflicto con normas de rango superior, como pudiera ser la Ley Orgánica de Educación” donde expresamente se recoge como capacitación que el alumnado deberían adquirir la de “conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado”.

También podría vulnerar la Ley de Modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y las observaciones formuladas en años recientes por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, según AADA.

Argumentó ante el Defensor del Menor que una de las principales funciones de la Administración es “velar por la integridad, a todos los niveles, de las personas a las que van dirigidas sus políticas, siempre financiadas con dinero público, máxime si se trata de menores de edad” y que “no se puede aceptar que iniciativas basadas en la violencia, supremacía y desprecio” a seres que sienten primen sobre valores tales como la justicia, la empatía o el respeto por la vida.