El 80% de menores infractores en Andalucía logra su reinserción social

La red andaluza de Justicia Juvenil ha logrado que un significativo 92,4% de los menores infractores que pasan por sus recursos tomen conciencia del delito cometido, según un estudio reciente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Este informe, basado en encuestas directas a los jóvenes, subraya además que el 84% de ellos reconoce el daño provocado a la víctima, evidenciando la eficacia del modelo reeducativo implementado en la comunidad autónoma. Los datos, presentados en las II Jornadas Justicia Juvenil: Una mirada al futuro, también revelan que el 92% de estos jóvenes prioriza tener un proyecto de vida y el 60% desea continuar sus estudios tras cumplir la medida judicial, lo que refuerza la visión de un sistema enfocado en la reinserción y el futuro de los menores.

Este estudio, el primero de su tipo realizado en Andalucía, desmonta varios tópicos y bulos comúnmente asociados a la marginalidad de los menores infractores. Contrariamente a la percepción popular, el 49% de los jóvenes encuestados proviene de familias con un nivel socioeconómico "medio-alto", y un abrumador 89% es de origen español. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado que Andalucía se posiciona como "un referente en esta materia", con una tasa de reinserción que alcanza el 80%. En este contexto, la puesta en marcha a principios de este 2025 del Observatorio de Justicia Juvenil, el primero público de España y Europa, representa una apuesta firme por mejorar continuamente la calidad de estos recursos y consolidar el éxito del sistema.

Un dato "significativo" que emerge de este informe es la alta prevalencia de experiencias de violencia en la vida de los menores infractores. Un 61% de ellos ha vivido "algún tipo de violencia", siendo los conflictos domésticos (45,8%) y las agresiones en el hogar (19,8%) las formas más comunes. A esto se suman el acoso en la calle o el barrio (16%) y en el colegio, donde las chicas (17,6%) lo sufren el doble que los chicos (9,8%). Es relevante destacar que los jóvenes que han experimentado estas situaciones son también aquellos que cumplen medidas por delitos más violentos. Los delitos contra la integridad física son los más habituales, representando un 43,8% de los casos, seguidos por los delitos contra el patrimonio, que motivan el 29,1% de las medidas impuestas.

En cuanto a la salud mental, aunque el 77,7% de los menores percibe su estado como "bueno" o "muy bueno", un 19,1% presenta algún trastorno diagnosticado y un 22% recibe tratamiento (16,3% psicológico y 9,5% farmacológico). Las diferencias de género son notables: en las chicas, lo más común es la ansiedad, el pánico, las fobias y la depresión, mientras que los chicos presentan más hiperactividad o trastornos de déficit de atención. Para abordar estas necesidades, los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) disponen de 138 plazas en unidades específicas de internamiento terapéutico, que los jueces pueden decretar ante problemas de salud mental o adicciones. El estudio también indica que el índice de consumo de alcohol (13%), cannabis (21,2%) u otras drogas como cocaína o éxtasis (10%) antes de la medida es "similar" al de los adolescentes en general, al igual que el uso de redes sociales e internet, que se cifra entre tres y seis horas diarias "sobre todo para el ocio y la comunicación".

El informe ofrece una imagen detallada del perfil de los menores infractores, desmintiendo prejuicios arraigados. Como se ha mencionado, el 89% de los menores estudiados son españoles, y un 49% procede de entornos de nivel económico "medio o alto". Además, un 37,4% vive en familias nucleares, lo que contradice la idea de que la delincuencia juvenil está exclusivamente ligada a la marginalidad o a estructuras familiares desestructuradas. Para el 58,9% de estos jóvenes, la familia constituye su "principal referente y apoyo", seguida de los amigos. Sin embargo, conforme más tiempo permanecen en la red de Justicia Juvenil, mayor es su confianza en los profesionales, lo que subraya la importancia de la relación terapéutica y educativa que se establece.

Estos datos son fundamentales para comprender que la delincuencia juvenil es un fenómeno complejo que trasciende las barreras socioeconómicas y culturales. La investigación invita a una reflexión profunda sobre las causas multifactoriales que pueden llevar a un menor a cometer un delito, más allá de las simplificaciones habituales. La Consejería subraya que el estudio "también rompe tópicos y bulos relacionados con la marginalidad", ofreciendo una perspectiva más realista y matizada que permite diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a la diversidad de situaciones de los jóvenes.

El sistema de Justicia Juvenil en Andalucía se fundamenta en una intervención "a medida para cada menor", diseñada para adaptarse a sus circunstancias individuales y necesidades específicas. Esta aproximación personalizada es clave para el éxito de la reinserción, ya que permite abordar las causas subyacentes de la conducta delictiva y fomentar un cambio positivo. La duración media de las medidas impuestas es inferior a los dos años, un periodo en el que se observa una evolución significativa en los jóvenes. El estudio revela que el bienestar emocional, el interés por labrarse un futuro y la toma de conciencia sobre su conducta "va aumentando con el tiempo gracias al trabajo de los profesionales". Esta progresión demuestra la efectividad de las estrategias implementadas y el compromiso del personal que trabaja directamente con los menores.

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía valora que el sistema de Justicia Juvenil facilita activamente a los menores la continuación de sus estudios mientras cumplen las medidas judiciales o su formación para la inserción laboral. Los recursos disponibles son considerados "adecuados y suficientes" por el 85% de los jóvenes. Actualmente, el 41% de los menores infractores posee el título de ESO o superior, y el 70% participa en algún tipo de actividad educativa o laboral. Un dato esperanzador es que el 60% declara su intención de continuar o retomar su formación una vez finalizada la medida. Las chicas muestran un mayor interés por seguir estudiando, mientras que los chicos se inclinan más por una capacitación laboral. Las áreas de interés son "muy variadas", con preferencias por oficios manuales, áreas técnicas y construcción entre ellos, y por la atención sociosanitaria o cuidados entre ellas.

La importancia de tener un proyecto de vida a futuro es una constante entre los jóvenes, siendo "muy o bastante importante" para el 92% de ellos. El trabajo es una prioridad para el 88%, y el apoyo familiar para el 89%. Estos datos confirman que, a pesar de las circunstancias, los menores infractores mantienen aspiraciones y deseos de superación. El informe concluye que el sistema de Justicia Juvenil desempeña "un papel positivo en la promoción del respeto, la inclusión, la educación, la responsabilidad y el bienestar social de los menores infractores". Por ello, la Consejería apuesta por "seguir mejorándolo", habiendo incrementado el presupuesto un 15% desde 2018, alcanzando los 82,7 millones de euros previstos para 2026. El consejero José Antonio Nieto enfatiza que esta inversión "no es un gasto, sino una inversión", ya que se está brindando "una segunda oportunidad a jóvenes que tienen mucho que aportar a la sociedad".

Desde la asunción de competencias en el año 2000, más de 46.000 menores han pasado por la red de Justicia Juvenil en Andalucía. Actualmente, esta red cuenta con una infraestructura robusta y diversificada para atender las distintas necesidades de los jóvenes. Dispone de 14 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), que suman un total de 751 plazas, donde se aplican medidas de internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, según la gravedad del delito y las circunstancias del menor. Además, existen 16 Grupos Educativos de Convivencia (GEC), con 136 plazas, que ofrecen un entorno más flexible y de convivencia para aquellos menores que requieren un apoyo educativo y social intensivo. Complementariamente, la red cuenta con ocho servicios de medio abierto, que permiten a los menores cumplir sus medidas en su entorno habitual, bajo supervisión y con programas de intervención específicos. Todos estos recursos están respaldados por equipos multidisciplinares compuestos por psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios, docentes y personal de seguridad, garantizando una atención integral y especializada para cada joven.