Todavía hay quienes no dan crédito a lo ocurrido hace unos días en La Línea, en el Campo de Gibraltar, cuando una veintena de encapuchados entró en un hospital al más puro estilo cinematográfico para rescatar a un narcotraficante que estaba detenido y que en ese momento era atendido por los servicios médicos del centro. No dudaron en agredir a todo aquel que se cruzó en su camino y liberar al capo en cuestión. El saldo final fue una única detención de los participantes en el asalto. Ese episodio lamentable abrió una agria polémica -¡cómo no!- entre políticos y más concretamente entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía. Pero más allá de las controversias estériles entre instituciones a las que ya estamos casi habituados, la pregunta que uno se hace es cómo es posible que estas cosas puedan suceder hoy día. Y añado también que quienes idearon esta acción lo hicieron porque estaban convencidos de que había un margen de éxito razonable en la comisión del delito.

Y es que el debate sobre la seguridad ciudadana y la presencia policial lo observamos en ocasiones con cierta equidistancia, sin reparar en su importancia. En esta Córdoba nuestra hemos tenido esta semana alguna que otra información sobre el asunto, aunque por fortuna nada tiene que ver con lo de La Línea. Estuvo por aquí el viernes el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para firmar el protocolo sobre las dos nuevas comisarías con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de manera que en 18 meses podrán empezar las obras. Ya era hora de que se desbloqueara este asunto, sobre todo porque aún recuerdo el ridículo cuando a la hora de afrontar la reforma de las dependencias de Campo Madre de Dios se dieron cuenta de que una parte de los terrenos no eran suyos, sino de la Mutua de la Policía, lo que obligó a cambiar el paso e idear el proyecto que ahora está en marcha y que esperemos que no encuentre más obstáculos ni enfrentamientos interesados, sobre todo pensando en las condiciones de trabajo de los agentes que cada día van a Campo Madre de Dios y en los ciudadanos que tienen que acudir a estas dependencias, ya que su estado es lamentable.

Pero por otro lado, Interior también ha dado cuenta de los traslados de policías nacionales previstos para este año, de manera que a Córdoba (incluida la comisaría de Lucena-Cabra) vienen 14 agentes, si bien las necesidades en la provincia son de 138 efectivos. Se trata de una "débil previsión que no cubrirá previsiblemente ni tan siquiera las bajas y jubilaciones que durante el 2018 se produzcan en la plantilla", según la central sindical CEP.

Pues con este panorama, habrá que ir pensando -digo yo- en hacer un poco más. Cierto es que, según las estadísticas oficiales, no hay unos índices delincuenciales en Córdoba que sean insoportables, pero a nadie escapa que hay problemas muy serios en determinadas zonas. Por mucho que digan unos y otros sobre que todo está en vías de solución, a día de hoy la Policía Nacional ni cuenta con unas instalaciones dignas en las que trabajar ni con los suficientes recursos. Lo de "mucha, mucha policía", que decía la canción, no ha llegado aún por estas tierras.