En apenas unos días arranca el proceso de escolarización para el curso 2017-2018. Y lo hace en esta ocasión con algo más de tensión que en otras ediciones, por aquello de que toca ahora la renovación de acuerdos con los centros concertados de Andalucía. Mucho se ha escrito -y lo que queda- en torno a este asunto, hasta convertirlo de manera un tanto extraña en el principal problema de la enseñanza. Todo el debate se centra en eso e incluso hay quien quiere forzar la máquina para que la sociedad se posicione de un lado o de otro, como si se tratara de dos ideas contrapuestas y excluyentes.

Con el argumento de que la natalidad está bajando y cada vez hay menos alumnos, determinados colectivos -desde docentes, a algunas asociaciones de familias y algunos partidos políticos- están clamando que se reduzcan los conciertos educativos y que se apueste por los centros exclusivamente públicos para evitar su cierre. Por el contrario, desde la escuela concertada se apela a la legalidad de esta fórmula, reivindican el derecho de los progenitores a decidir qué modelo educativo quieren y reclaman las mismas prestaciones que la pública en materias como comedor o actividades extraescolares.

Me parece a mi que con estas posiciones tan simplistas poco o nada se habla del problema real de la educación en Andalucía, que no es otro que el de la calidad de la enseñanza. Lo importante, y también lo urgente, en este momento no es el modelo en los términos expuestos antes, sino atender a nuestro alumnado en unas condiciones dignas y lograr mejorar su formación. Que podamos ofrecerles una oportunidad para el futuro. Esa es la verdadera necesidad del sistema, que se ha ido deteriorando sin que nadie haga nada, por la vía de los recortes y otras decisiones en el ámbito político.

Si hay menos alumnos, la solución no tiene por qué pasar por cerrar unidades o reivindicar menos conciertos. ¿A nadie se le ocurre que sin aumentar el gasto se puede reducir la ratio en todos los centros y, por ende, aumentar la calidad? Es sólo una posibilidad. Lo cierto es que alimentar polémicas de este tipo no beneficia ni a las familias, ni a los estudiantes ni a los profesores. Al final, son las administraciones y los políticos los que sacan el rédito, toda vez que se desvía la atención hacia otro lado y ellos pueden seguir escurriendo el bulto. Y es que no hay nada más efectivo que crear una cortina de humo para tapar las carencias propias, como en este caso está haciendo la Junta de Andalucía en materia de Educación y el Gobierno central en la parte que le toca.

La enseñanza -insisto- precisa de calidad, que pasa desde luego por un compromiso real del gobierno andaluz, que ha demostrado sobradamente su ineficacia en los últimos años. A ello, por supuesto, hay que sumar un mayor compromiso de las familias, de los docentes y de los propios centros educativos y de sus responsables, los públicos y los concertados, que también tienen la obligación de examinar cómo están actuando en lugar de mirarse el ombligo.