La comisión paritaria formada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha dado finalmente el visto bueno al balance contable del Córdoba para el curso 2015-2016, todo ello después de un ejercicio de ingeniería financiera que va más allá del simple cambio de un artículo. Esta maniobra mejora ostensiblemente el superávit que la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) presentará el próximo día 22 en la junta general de accionistas y permite a su vez recibir el ok para el reparto de dividendos efectuado entre los pasados meses de abril y junio, pero con un matiz importante. El Gobierno, en una notificación que ya obra en poder del club, mantiene en su evaluación que el proceso es "inadecuado", por lo que "se recomienda y se insta a obrar en consecuencia" al máximo accionista. En el escrito, el organismo recuerda que la actual situación patrimonial de la entidad "no permite" una actuación de este tipo, pues la modificación efectuada en las cuentas no conlleva un aumento real del beneficio obtenido, según han confirmado a el Día desde el órgano dependiente del Ejecutivo central.

¿Qué ha hecho el Córdoba para variar los dictámenes del CSD, luego refrendados por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), que le instaban a reestablecer los 1,5 millones repartidos entre los accionistas al final de la pasada temporada? Pues un ejercicio de ingeniería financiera, totalmente ajustado a ley, con el que mejora su balance de cuentas y que nada tiene que ver con el error en el artículo acogido al que viene haciendo referencia desde hace semanas el presidente de la entidad, Carlos González. La SAD activó bases imponibles negativas por valor de 4,16 millones de euros, con lo que aumenta en esa cantidad el capítulo de ingresos en el ejercicio 15-16, aunque realmente ese montante nunca entrará en las arcas de la entidad.

¿Cómo se explica esto? La argumentación hay que buscarla primeramente en el proceso de compra-venta del club entre Prasa y Ecco Documática de junio de 2011. González adquirió el Córdoba con un activo no contabilizado en bases imponibles negativas -o lo que es lo mismo, pérdidas de ejercicios anteriores ajustadas a los requisitos del Impuesto de Sociedades- por un valor alrededor de los 50 millones, por lo que el club está exento de pagar impuestos hasta que no obtenga beneficios por encima de esa cantidad (de momento, según reza en la documentación que se expondrá en la junta general, aún dispone de 33,8 millones pendientes de compensar). Esa actuación no es necesario hacerla pública, pues se efectúa de manera automática. Y es más, suele contabilizarse sólo cuando el balance entre ingresos y gastos es negativo y únicamente cuando hay una previsión de beneficios en los cinco años próximos, según recoge el Plan General de Contabilidad. Este aspecto en el Córdoba está garantizado por ahora sólo para el próximo ejercicio, en el que estará incluida la venta millonaria de Florin Andone al Deportivo, entre otras partidas.

¿Por qué entonces utiliza este mecanismo el Córdoba, que ya presenta un superávit de 5,8 millones de euros? Pues muy sencillo. Es la forma de aumentar el beneficio hasta los 9 millones y poder así obtener el visto bueno de la comisión paritaria CSD-LFP para el reparto de dividendos. Sin embargo, este ejercicio de ingeniería financiera no aumenta de forma real la cantidad positiva, dado que Hacienda paga descontando impuestos futuros, no aportando dinero.

Ante esta situación, el Gobierno mantiene en su evaluación que es "inadecuado" el reparto de beneficios que la SAD realizó entre abril y junio, dado que la situación patrimonial es la misma que hace unos meses. Entonces, tanto la comisión como el Ministerio de Economía instaron a reestablecer la cantidad repartida entre los accionistas tras echar para atrás los dos informes presentados por los auditores del club.

Ahora, aunque el maquillaje legal del balance de cuentas permite llevar a cabo tal proceso, el CSD sí se permite hacer una recomendación al Córdoba y le "insta a obrar en consecuencia" y dar marcha atrás a la operación en estos momentos. Sin embargo, todo apunta a que el club hará caso omiso a esta solicitud en la próxima junta general de accionistas, ya que Carlos González es el poseedor del 98,7% del capital social a través de su empresa Ecco Documática.