El auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba para dictaminar la administración judicial del Córdoba CF, dentro del procedimiento abierto contra el ya expresidente Jesús León, determina que el empresario montoreño se apoderó de "importantes sumas derivadas de los recursos" de la entidad durante su etapa al frente de la misma. De esta forma, considera "imprescindible para evitar la continuidad delictiva" el nombramiento de la medida cautelar, que llevan a cabo desde el sábado el abogado Francisco Estepa Domínguez y el economista Francisco Javier Bernabéu Aguilera, que deberán realizar de "carácter urgente" la mejor fotografía posible de la situación de la institución.

El abogado y el economista cordobeses, que ya tomaron posesión de sus cargos el sábado -llegaron a presidir el partido ante el Villarrobledo desde el palco de autoridades-, tienen encomendado hacer un "examen y evaluación de las cuentas anuales presentadas por los anteriores administradores", así como un "inventario y valoración del patrimonio societario" que ha incluir el "detalle de las deudas vencidas, líquidas y exigibles a cargo del club (con especial mención al pasivo laboral y de administraciones públicas), previsiones de la tesorería, recuperación de créditos y soluciones que se proponen para los pagos pendientes, así como para el futuro inmediato". Además, el juez requiere un "informe sobre solvencia y viabilidad de la empresa".

Ante todo esto, los administradores judiciales deberán informar al magistrado "acerca de las decisiones adoptadas o que se pretende adoptar en relación con la continuidad y viabilidad de la empresa; la situación laboral de la empresa, y la relación de procedimientos judiciales en los que sea parte la empresa, así como información sobre decisiones adoptadas o que se pretenden adoptar sobre la interposición de reclamaciones judiciales". Todo ello, "sin perjuicio" de su obligación de rendir cuentas con carácter mensual al juzgado que lleva el caso, que incorporará esos balances a la pieza separada de medidas cautelares para su traslado a las partes.

Como no puede ser de otra manera, los actuales rectores de la sociedad "tendrán derecho a acceder a todas las instalaciones o locales de la empresa y a recibir cuanta información estimen necesaria para el ejercicio de sus funciones". Una labor que deberán hacer "de forma mancomunada", quedando en manos del juez la decisión final cuando haya "discrepancia", una mediación que, de igual modo, se hará precisa "para enajenar o gravar acciones de la empresa o de ésta en otras así como de bienes inmuebles o activos esenciales".

Actos de disposición "a costa del club y en beneficio propio"

El nombramiento de Estepa y Bernabéu se produjo el sábado, provocando la "remoción de la totalidad de los miembros del consejo de administración -incluido el presidente-, así como del secretario no consejero". Y ese estudio de la situación económica del Córdoba ya ha comenzado, toda vez que es primordial conocer en qué estado se encuentra para ver cómo pinta el futuro tras los últimos y negros acontecimientos provocados por la gestión de la actual propiedad.

Jesús León fue detenido el pasado jueves, y puesto en libertad con cargos y sin fianza apenas 24 horas más tarde, dentro de la operación Trapicheos por cuatro presuntos delitos societarios: apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y blanqueo de fondos. Todos ellos "presuntamente cometidos abusando del poder conferido por su privilegiada posición en el Córdoba", donde ejercía de presidente y consejero delegado con "amplísimas facultades". Una circunstancias que, según el juez Antonio Rodríguez Moyano, "le ha permitido presuntamente y en base a los extensos indicios expuestos, el ilícito apoderamiento de importantes sumas".

El auto, en base a las diligencias efectuadas, dicta que "se infieren delitos suficientes contra el investigado, quien presuntamente ha venido realizando múltiples y reiterados actos de disposición a costa del patrimonio del club y en beneficio propio". Y es por eso que dictaminó la "imprescindible" administración judicial de la sociedad para "evitar la continuidad delictiva, la necesidad de restablecer el orden jurídico perturbado por el delito, por aplicación del elemental principio de protección de la víctima (la totalidad de los accionistas de la sociedad y la propia sociedad), así como para salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger a los acreedores".