La falta de porteros en los colegios no es un problema que, ni mucho menos, esté solucionado. Las limitaciones por la ley de la administración local y el varapalo judicial que supuso la suspensión del acuerdo para definir los servicios esenciales -recurrido por la Abogacía del Estado- ha dejado el problema a medio resolver. El Ayuntamiento recurrió a una empresa privada, aunque esto también presenta algunos problemas de encaje legal, según ha podido saber este periódico, hasta tal punto que la continuidad del servicio sólo se garantiza hasta el mes de febrero, ya que después no se podrían firmar más contratos. El concejal de Educación del Ayuntamiento, Andrés Pino, se reunió la semana con una veintena de directores de colegios, que exigen una solución definitiva. Pino garantizó la prestación del servicio durante febrero y reconoció que se está buscando una alternativa que tiene que estar lista, sí o sí, antes de que finalice el próximo mes, porque ya no se pueden encadenar más contratos.

¿Qué es lo que se está haciendo? Desde el área de Recursos Humanos explicaron que se ha declarado el servicio de porteros en colegios como prioritario y ya cuentan con todos los informes favorables de Intervención y el resto de departamentos competentes. De esta manera, el Ayuntamiento ya podría tirar de la lista de reserva para la contratación interina de estos funcionarios. Para ello también debe haber una partida consignada en los presupuestos de estos años y que las cuentas estén aprobadas. Con todo, el objetivo es cerrar todo antes de marzo, si no otra vez se caería en la situación anterior de falta de porteros en varios centros. La responsable de la Asociación de Directores de Andalucía en Córdoba, Isabel Bernal, reconoció que se trata de "un problema muy grave", puesto que los centros "no tienen personal para asumir esas tareas", que son "muy importantes, ya que están en contacto con menores". Bernal detalló que el profesorado siempre tiene asignado un horario y no puede dejar un aula para ir a la portería. En el caso de las entradas y las salidas también se genera mucho trabajo, ya que "se trata de tareas muy complejas", puesto que estamos hablando de menores y cualquiera no puede llevarse a los niños, sobre todo cuando se trata de padres separados o cuando hay órdenes de alejamiento, que las hay", detalló.

El Ayuntamiento recurrió el año pasado a vigilantes de seguridad para cubrir los puestos necesarios. El área de Recursos Humanos tenía previsto contratar a cinco porteros de colegio, que se paralizó tras la decisión del juez.