Ccoo, CSIF y UGT lamentaron ayer el daño que, a su juicio, va a provocar la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas en la Junta, dictaminada por el Tribunal Constitucional a raíz del recurso presentado por el Gobierno central a la normativa autonómica que permitía volver a aplicar la jornada de 35 horas semanales en la Administración andaluza; se trata de una decisión que afecta a unos 25.000 trabajadores en Córdoba. Representantes de los tres sindicatos mantuvieron ayer sendas reuniones con el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo, en las que les pidieron que intermedien ante el Ejecutivo central para que retire el recurso y se abra una vía de diálogo para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales y anunciaron movilizaciones en el caso de que no se retire el recurso. Los tres sindicatos con representación en la Mesa General no descartan incrementar las protestas a partir de septiembre en defensa de la jornada de 35 horas y la recuperación de derechos laborales, si bien confiaron en que la reuniones que se mantendrán con responsables del PP y los subdelegados del Gobierno en las distintas provincias andaluzas sirvan para reconducir la situación .

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Manuel Torres, señaló que "una suspensión cautelar se solicita para detener el daño que una medida puede llevar a cabo, pero, en este caso es al revés, el daño se va a hacer al impedir que la medida, es decir, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas, se lleve a cabo". De hecho, remarcó el responsable sindical, "con ese recurso y la suspensión cautelar que ha provocado lo único que se conseguirá es deteriorar aún más los servicios públicos, que ya están al límite, y conculcar el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad".

La secretaria de Organización de FeSP UGT Córdoba, Pilar Marín, por su parte, recordó que "el recurso del PP que ha provocado la suspensión cautelar, junto al modo de operar de este Gobierno, demuestra una vez más la falta de respeto y desprecio no sólo hacia los empleados públicos de la Administración andaluza que no dejan de expresar su malestar y rechazo desde que se han enterado de la noticia, sino también hacia los andaluces porque de nuevo van a destruir empleo echándoles a la calle y deja además sin expectativas a otros tantos de miles que tenían esperanzas en futuras ofertas de empleo público".

Mientras, la presidenta de CSIF Córdoba, Dolores Navajas, calificó de "ataque" a los empleados y empleadas públicos andaluces y cordobeses el recurso presentado por el Gobierno central y recalcó "la importante unidad sindical ante este tema". La responsable sindical tildó la suspensión cautelar de "desproporcionada" e "inoportuna" y exigió que se abra una vía de diálogo.

Tras su reunión, Primo Jurado se comprometió a elevar la petición al Gobierno y recordó que "el motivo del recurso es unificar los criterios en todo el territorio nacional, lo cual no es contradictorio con el diálogo con los sindicatos para llegar a un acuerdo para aplicar la reducción a 35 horas".