La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de prisión al exalcalde de la entidad local autónoma de Encinarejo, Miguel Martínez Múrez, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos oficiales. La sentencia, hecha pública ayer, considera probado que el exregidor, del Partido Andalucista, se apropió de 4.413 euros procedentes de una licencia de obra, que autorizó sin tener en cuenta los informes de los técnicos de urbanismo. Cuando se abrió el procedimiento judicial, Martínez Múrez ingresó el dinero en la cuenta del Ayuntamiento.

Los hechos se remontan al 26 de septiembre de 2006. Aquel día, Martínez Múrez recibió en su despacho a unos particulares que le presentaron un proyecto para la construcción de dos viviendas en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. El alcalde, según la sentencia, hizo él mismo el cálculo de la tasa por la licencia de las obras y la fijó en 4.413 euros. Les dijo, además, que le entregasen el dinero en metálico, lo que así ocurrió dos días después.

"El señor Martínez Múrez recibió el dinero y lo hizo propio", concluye el tribunal, que subraya que el propio alcalde "confeccionó y firmó" el acuerdo de concesión de licencia. Tras esto, retuvo la documentación en su poder para no dejar constancia alguna en los registros y archivos municipales. Así ocurrió hasta que el 5 de noviembre de 2007 el nuevo equipo de gobierno, del PSOE, advirtió del derribo y la construcción que llevaban a cabo los particulares, que exhibieron la documentación en su poder justificativa del pago. La corporación inició, sin éxito, las pesquisas para encontrar los papeles en los archivos municipales. Advertido el acusado de lo que ocurría, ingresó los 4.413 euros en una cuenta bancaria y remitió al Ayuntamiento a través de una empresa de mensajería la documentación que obraba en su poder.

La Audiencia Provincial condena a Martínez Múrez a pagar una multa de 2.160 euros al considerarlo culpable de un delito de prevaricación. Según el tribunal, la infracción penal fue cometida no ya porque la licencia sea justa o no, sino porque se concedió "prescindiendo de toda la tramitación prevista y que opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico". El tribunal, además, deja claro cómo debe actuar un cargo político: "Una cosa es que un responsable político atienda los asuntos que como tal tenga que resolver con el interés de sus asuntos personales, y otra muy distinta, que es lo que aquí ha ocurrido, que lo resuelva como si fuera un caso de su exclusivo interés y sin más norma que su particular criterio, pasando por alto las exigencias que toda actuación pública ha de guardar en aras a la obligada transparencia y legalidad".

Por el delito de malversación de caudales públicos, el tribunal le impone tres años de prisión pese a que reingresó el dinero. La resolución subraya que Martínez Múrez integró los 4.413 euros "en su patrimonio" hasta que "se vio obligado" a devolverlo cuando trascendió lo ocurrido. El exalcalde argumentó durante la vista oral que guardó la documentación y el dinero en un cajón del Ayuntamiento, a la espera de que lo tramitara un funcionario, una versión que los magistrados no creen.

La sentencia suma, por último, un año de cárcel por el delito de infidelidad en la custodia de documentos oficiales, debido a que el exregidor se llevó el proyecto de obra y luego lo envió por mensajería. Pese a que Martínez Múrez también negó este extremo, un post it con su letra -según certificó un perito- presente en la documentación lo delató.