El ambiente de crispación generado después de que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ordenara desaguar el embalse de Santa María y las críticas vertidas hacia el Gobierno local de Pozoblanco que proyectó esta infraestructura llevó ayer al ex alcalde de Pozoblanco Antonio Fernández -el regidor que lideraba entonces la corporación municipal- a defender su gestión. Fernández, que detalló los pasos que dio el Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 1990 y 2003, asumió en cualquier caso las irregularidades de la infraestructura, pero culpó a este ente público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de una excesiva ralentización a la hora de legalizar el pantano. "Ha tardado una eternidad", declaró el ex alcalde.

De entre la batería de fechas a las que se refirió, el también delegado provincial de Empleo remarcó los años 2002 y 2003, que fue el periodo desde que la Confederación le reclamó al Consistorio pozoalbense unos documentos necesarios para la regularización del microembalse hasta que la institución local cumplió el trámite. El ex regidor recalcó que el Ayuntamiento realizó este trabajo en el plazo de tres meses que le marcó la CHG y que "han pasado ocho años para que volvamos a tener noticias del proceso". A pesar de esta demora, continuó, este ente público no admitió la documentación que el actual Gobierno municipal -ahora encabezado por el PP y el PA- aportó el pasado junio "por haberse pasado unos días de otro plazo de tres meses que le dieron para aportar nueva documentación".

Fernández, que compareció junto al secretario local de esta formación en Pozoblanco, Pablo Carrillo, y el portavoz del grupo municipal, Serafín Pedraza, tildó la situación de "kafkiana" y matizó que la Confederación "ha actuado de una manera difícil de entender". Sea como fuere, el ex alcalde se mostró confiado en que "ni el Consistorio va a entrar en bancarrota ni se van a tener que pagar esos 3,4 millones de euros" que figuran en el expediente sancionador. Fernández añadió que "el asunto está ganado hay solución en todo caso en lo que a la legalización se refiere".

Pese a reconocer que el actual alcalde, Baldomero García (PP), no ha forzado la situación, el ex regidor sí precisó que "le ha venido como anillo al dedo". Criticó, no obstante, que los populares han generado "alarma social para tratar de dejar claro lo malos que son los socialistas porque nos van a dejar en bancarrota" y abundó en que "ahora pretenden quedar como salvadores y paladines" una vez que se logre la legalización del pantano.

El ex regidor se ocupó asimismo de la medida cautelar impuesta por la Confederación, que consiste en el desagüe del embalse, y defendió que la mejor opción es el vaciado parcial para evitar un desastre ecológico. En cuanto a las críticas recibidas en los últimos días, el ex alcalde aseguró que está "encantado de que me fiscalicen porque tengo la conciencia muy tranquila de los años en que he estado de alcalde".