El alcalde de Pozoblanco, Baldomero García (PP), ya puede dormir tranquilo. La querella que le interpuso la empresa constructora El Ochavo, que levanta un bloque de pisos en la controvertida obra de la alineación del Paseo Marcos Redondo, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad y desobediencia ha sido desestimada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco. Y es que en la resolución se explica que el procedimiento arrancó, según relata el escrito de la Fiscalía en el que se basa el juez, cuando Baldomero García, antes de acceder a la Alcaldía gracias a una moción de censura interpuesta al PSOE, recurrió junto con otros concejales la concesión de la licencia otorgada a El Ochavo por la vía contencioso-administrativa al estimar que la citada obra era contraria al planeamiento urbanístico vigente y a las normas subsidiarias de la ciudad. La obra, que rompe la línea recta que debería tener el Paseo, como se conoce en Pozoblanco a esta zona verde, ha sido sumamente polémica desde que comenzó ya que los grupos políticos de la oposición, entonces comandada por el PP, protestaron ante lo que consideraban un atentado contra el urbanismo .

La polémica por la falta de alineación de este edificio de El Ochavo alcanzó tal magnitud que terminó, junto con otras causas, en un ruptura interna en el PSOE que provocó el ascenso al poder de Baldomero García, quien, tras ocupar el sillón de la Alcaldía, según recoge el escrito de la Fiscalía, ordenó la paralización de la obra tras un acuerdo plenario impulsado por el nuevo equipo de gobierno municipal. La suspensión llegó y se precintó la obra pero una sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo resolvió el 2 de septiembre de 2009 que la construcción del bloque de El Ochavo podía seguir adelante porque se ajustaba a la ley y porque fue aprobada en tiempo y forma por todos los órganos competentes en la materia. No obstante, Baldomero García decidió mantener, con el respaldo de la mayoría del Pleno, la suspensión de la obra desde su llegada a la Alcaldía hasta que se conoció la citada resolución sobre la legalidad de la obra. En todo este proceso, llegó la querella de la empresa, que entiende que el alcalde incurrió en un delito de prevaricación, falsedad y desobediencia porque insiste en mantener el precinto de la obra con el argumento de que no se había resuelto el problema de la alineación del Paseo y en cumplimiento del acuerdo municipal.

Sin embargo, la resolución judicial, a la que tuvo ayer acceso este diario, asegura que "no consta que el querellado -en relación a Baldomero García- haya dictado una resolución arbitraria o injusta a sabiendas". Esto queda amparado por la sentencia en la que legalidad o no de la licencia era una una cuestión "controvertida", sobre la que se había discutido mucho a nivel político, y era objeto de "criterios encontrados en el seno de la Corporación municipal sobre la interpretación de las normas subsidiarias de planeamiento aplicables en la localidad". En este punto, también hace referencia el escrito del fiscal a que las decisiones del alcalde se tomaron antes de que se conociera la resolución final sobre la legalidad de la obra.

La empresa, por su parte, podrá recurrir esta decisión e incluso podrá reclamar daños y perjuicios por la paralización de la obra en un procedimiento independiente al archivo de esta demanda.