Provincia

Solicitan al juez Garzón la apertura de una fosa en Aguilar

  • Asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil piden además otras tres exhumaciones

Las veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos han pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la apertura de cuatro nuevas fosas en distintas localidades de Córdoba, Cáceres y Baleares.

Según ha explicado el abogado que representa a estas asociaciones y a los particulares que han interpuesto denuncias, Fernando Magán, las exhumaciones solicitadas ahora son en fosas localizadas en Aguilar de la Frontera (Córdoba) así como en Villanueva de la Vera (Cáceres) y en otras dos en Calviá y otra localidad limítrofe (Baleares).

Respecto a la designación ordenada por Garzón de las cinco personas que deben integrar, junto a otras dos elegidas por el Juzgado, el comité de expertos que colaborará en las exhumaciones, Magán ha señalado que ya tienen elegidos tres nombres: Francisco Etxeberría, Francisco Espinosa y Julián Casanova.

Etxeberría es un médico forense, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (que ha desarrollado varias de las exhumaciones realizadas hasta el momento), que, según ha dicho Magán, desde el inicio ha trabajado con las asociaciones y tiene "inventariadas" las fosas en las que estiman que se encuentran restos de desaparecidos durante esas fechas, y el número de personas que hay en cada una.

Las otras dos personas son historiadores que han investigado sobre este asunto, y sobre Espinosa ha apuntado que además es el autor del informe pericial que las asociaciones adjuntaron con sus denuncias ante el juez Baltasar Garzón.

Casanova ha investigado las desapariciones en la zona de Aragón y es coautor de un libro sobre víctimas de la Guerra Civil, ha subrayado el abogado, que ha añadido que otra de las personas que están barajando para formar parte del comité de expertos pertenece al movimiento asociativo.

El magistrado ha dado un plazo de diez días a las asociaciones para que designen a los expertos.

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