La Fiscalía Provincial de Córdoba ha abierto diligencias de investigación penales a raíz de las denuncias presentadas hace dos semanas por la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) en las que advertía de presuntas irregularidades en el campo en la comarca de la Vega del Guadalquivir, entre las que aseguró que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública "puede alcanzar cifras de decenas -posiblemente cientos- de millones de euros". También avisó de la explotación laboral de los jornaleros. Según informó ayer el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, el Ministerio Público ha abierto tres expedientes de corte penal, uno por cada una de las denuncias presentadas por el sindicato.

Mientras que una de las investigaciones se refiere a la situación general que viven los jornaleros del cítrico en la comarca, otras dos se centra en las prácticas concretas de sendas empresas. En una de ellas, que opera en Ochavillo del Río (Fuente Palmera), la CTA advirtió de que se obliga a los trabajadores a hacer jornadas de 11 horas diarias pagadas a 28 euros, hay extranjeros sin dar de alta, se obliga a la cuadrilla a firmar la renuncia al reconocimiento médico y se abona el trabajo a través de manijeros de cuadrilla, que "como norma descuentan la cantidad que consideran oportuna".

El segundo caso por el que se han abierto diligencias de investigación penal se refiere a una empresa de Palma del Río especializada en la recolección de cebolla. Según la denuncia, a dos trabajadores no se les cursó alta en la Seguridad Social y recibieron un salario diario de 20 euros, menos de la mitad del estipulado en el convenio colectivo del campo. Según señaló la CTA en su denuncia, no se trataría de un hecho aislado, "sino que constituye una práctica generalizada por parte de esta empresa, que somete a los trabajadores a condiciones contrarias". La plantilla acepta, no obstante, "dada la situación de emergencia social y precaria subsistencia" en el agro. El sindicato advirtió de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y fraude fiscal, hechos sobre los que ahora profundiza el Ministerio Público.

La tercera y última investigación intentará aclarar la situación que padecen los jornaleros y las presuntas irregularidades que la CTA atribuye a una generalidad de empresas agrícolas. El sindicato argumenta, por ejemplo, que frente a las empresas que pagan 0,06 euros por kilo de naranja cargada en el camión de conformidad con el convenio colectivo, existirían otras bajo la forma de sociedades o empresarios individuales, incluso como ficticias empresas de trabajo temporal (ETT), que recogen el kilo a un premio inferior, de entre el 0,036 y 0,048 euros. "Como es lógico, estas empresas no pueden cumplir con sus obligaciones laborales, sencillamente porque a ese precio no se cubren costes salariales", advirtió la denuncia.

Esta situación provocaría lo que se conoce como dumping social, puesto que las ETT que pagan conforme a convenio "no pueden soportar esta competencia desleal". Para el sindicato, además, la situación es "gravísima", pues el fraude a la Seguridad Social y la Hacienda Pública podría alcanzar los "cientos de millones de euros". La CTA llama la atención sobre el hecho de que los costes salariales para quienes no dan de alta a sus trabajadores "se traducen en beneficios de un 40%". Las empresas del sector que pagan conforme a convenio "se verán irremediablemente abocadas al cierre", advirtió el sindicato, al tiempo que "los trabajadores son literalmente pisoteados por individuos sin escrúpulos que no tienen más objetivo que enriquecerse a base de explotar".

El sindicato sugirió a la Fiscalía varias vías de investigación, desde analizar la procedencia de las naranjas a través de facturas hasta comprobar las cuadrillas y su formación mediante las altas en la Seguridad Social para analizar si efectivamente se posible conseguir dicha producción en la recolección con el número de trabajadores dados de alta.