Provincia

La Fiscalía pide imputar al exalcalde por prevaricación y malversación de fondos

  • El Ministerio Público solicita al juez que investigue una subvención de 2.400 euros otorgada a Benavides por unos actos vandálicos en una finca de su propiedad y unas obras en una ermita

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha remitido al decanato de Montoro dos de las tres denuncias presentadas por el actual equipo de gobierno de El Carpio, de IU, para que el juez instructor abra sendas investigaciones al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del exalcalde socialista, Alfonso Benavides, según confirmó a El Día el propio fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro. Una de las denuncias hace referencia a la adjudicación de una ayuda municipal al propio Benavides por parte del Ayuntamiento para arreglar los daños provocados por unos actos vandálicos en un inmueble de su propiedad, mientras que el segundo caso se refiere a la justificación de una ayuda concedida por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para acometer una remodelación en el patio de una ermita. En este caso, las sospechas se basarían en la supuesta manipulación de los documentos para justificar la ayuda.

Según consta en el decreto del Ministerio Público, el Ayuntamiento carpeño abonó en septiembre de 2010 al entonces primer edil una indemnización de 2.400 euros derivada de unos actos vandálicos que se habrían tenido como objetivo una nave de su propiedad. En la documentación remitida a la Fiscalía, consta el informe redactado por la Intervención municipal, que en marzo de 2009 advertía a Benavides de que esos daños no debían ser abonados por las arcas municipales. Pese al informe en contra, que se emitió a petición del propio alcalde, Benavides propuso al Pleno de agosto de 2010 que el Consistorio sufragara los gastos delincuencia y vandalismo que sufrieran los miembros de la Corporación y de la Policía Local "por el cargo que ocupan y siempre que no exista seguro".

Tras el correspondiente debate, la propuesta se sometió a votación y salió adelante con carácter retroactivo, a contar desde el incidente registrado en su propiedad. La moción, que fue defendida por el grupo municipal del PP, contó con el visto bueno del PSOE y la abstención de IU. El pago se materializó el 27 de septiembre de 2010 con la nota de reparo de la Intervención, lo que lleva al Ministerio Público a concluir que "existen indicios" de que podrían concurrir tanto los requisitos objetivos como subjetivos para la comisión de un posible delito de prevaricación. Además de la apertura de una investigación penal, el Ministerio Público solicita al juez instructor que remita testimonio al Tribunal de Cuentas para aclarar la posible responsabilidad civil que pudiera derivarse de los hechos, según consta en el decreto, remitido hace unos días al decano del partido judicial de Montoro.

La segunda denuncia, también remitida al juzgado tras percibir indicios de criminalidad, se refiere a presuntas irregularidades en la justificación de una subvención concedida por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para la rehabilitación del patio de una ermita, por importe de 47.000 euros. Esta actuación no debía acometerse por las restricciones impuestas por ley debido a la situación de las arcas municipales, tal y como la intervención advirtió en un reparo. Los documentos contables que se enviaron al GDR serían diferentes, supuestamente, a los que obran en poder del Consistorio.

No son las únicas causas que el actual equipo de gobierno ha destapado por la gestión durante el periodo socialista. Una tercera denuncia, también dirigida contra el exalcalde y contra la exconcejala y extesorera del Ayuntamiento, Rosa Benítez, advierte del supuesto cobro irregular de gratificaciones entre 2006 y 2011 por un total de 350.000 euros por parte de empleados municipales afines al partido y policías locales. Los trabajadores municipales que han cobrado estas gratificaciones, siempre bajo el concepto de horas extras y con los reparos del interventor, pues supuestamente no tributaban, son ahora personal laboral indefinido del Ayuntamiento, tras acordarlo así los tribunales y después de haber encadenado contratos indebidamente. Eran los propios empleados quienes informaban de las horas extras que se supone que habían trabajado y que debían cobrar, y por las cuales sí que se les descontaba el IRPF.

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