La cifra de empresas de economía social creció en Córdoba un 20,80% entre 2004 y principios de 2008 , según recordó ayer el presidente del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, Esteban Morales, durante la celebración de la sesión plenaria de la Diputación correspondiente a junio. Morales detalló este porcentaje en el debate previo a la aprobación unánime del segundo Pacto Provincial por la Economía Social, a cuya firma con los sindicatos y la Confederación Española de Empresas de Economía Social le dio ayer el visto bueno la Corporación. Este nuevo pacto se desarrollará entre 2008 y 2011 y su objetivo fundamental es el de "favorecer el desarrollo de la economía social mediante la creación de empresas y su consolidación, integrar el conocimiento, la innovación y la tecnología en las mismas y fomentar el empleo estable y de calidad".

El también diputado responsable de Desarrollo Económico destacó que fruto del primer plan se pasó en Córdoba de las 1.120 empresas de economía social -580 cooperativas y 540 sociedades laborales que daban empleo a 8.172 personas- a 1.353 empresas -686 cooperativas y 667 sociedades laborales que dan empleo a 9.805 trabajadores-. "Tras el primer pacto, Córdoba se ha colocado en el tercer puesto del ranking andaluz [en el sector], detrás tan sólo de Sevilla y Málaga", apostilló Morales.

A pesar de su apoyo unánime al segundo pacto, tanto el portavoz del Grupo Popular, Luis Martín, como la de IU, Elena Cortés, criticaron que compromisos que se recogían en el primer pacto, "como la creación de un observatorio de la economía social, se vuelven a recoger en este documento porque no se han cumplido". Además, Cortés insistió en que "debemos suspender al equipo de gobierno en la ejecución de ese primer pacto dado que en Epremasa, por ejemplo, se ha expulsado a las cooperativas de las subcontratas en favor de las grandes empresas y en ayuda a domicilio no se ha creado ni una cooperativa de mujeres para prestar el servicio tal y como se pretendía".

Algo más crítica se mostró la portavoz de IU en uno de los puntos con más debate del Pleno, el del nuevo convenio del Ayuntamiento de Castro del Río -ahora en manos del PSOE- con la Diputación para la ejecución del ramal de conducción de agua hasta la aldea de Llanos del Espinar [para garantizar el suministro a más de 300 vecinos que se abastecían de pozos] y por el que la institución provincial exime a dicho Consistorio de pagar el 50% de esa obra, firmada en los tiempos en los que IU gobernaba la localidad.

Para Cortés -que votó a favor del punto- la Diputación ha actuado en este punto "con una actitud caciquil que no tiene cabida en una institución democrática, ya que, como el mismo alcalde del PSOE y el consejero delegado de Epremasa relatan en el informe, ninguna obra para el abastecimiento en alta ha tenido que ser pagada por el municipio en el que se realizó". La portavoz ve en el asunto una actuación partidista por parte de la institución provincial, mientras que el diputado responsable de Epremasa, Antonio Ramírez, defendió que "se le va a eximir al Ayuntamiento de Castro del Río del pago no porque el alcalde sea ahora del PSOE, sino porque esa localidad ha entrado en Emproacsa antes de que esa obra hubiera comenzado".