La Guardia Civil ha efectuado desde enero del pasado año 2012 más de 1.420 servicios fundamentalmente dirigidos a la vigilancia de yacimientos arqueológicos para tratar de evitar que sean dañados u objeto de expolio en la provincia de Córdoba. En este sentido, el instituto armado ha formulado en ese periodo de más de 15 meses un total de 24 denuncias por la comisión de infracciones administrativas por la búsqueda de restos arqueológicos en yacimientos, auxiliándose para ello de un detector de metales. En lo que a infracciones penales se refiere, cinco personas han sido detenidas o imputadas por la comisión de otros tantos delitos contra el Patrimonio Histórico.

El último de estos servicios se llevó a efecto el pasado día 7 de abril, tras tener conocimiento efectivos de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Baena de que una persona ofrecía la venta en una página de internet de una pieza arqueológica de gran valor. Ante ello, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial y de la Delegación Territorial de la Conserjería de Cultura, para tras ello concertar una entrevista con el supuesto vendedor. Los guardias civiles comprobaron que se trataba de una pieza arquitectónica, capitel labrado, realizada en piedra caliza de difícil adscripción cultural, si bien parece, por su volumetría, pertenecer a un edificio público (religioso o civil), de época romana. Este tipo de piezas arqueológicas gozan de una protección genérica, otorgada tanto por la Ley del Patrimonio Histórico Español como por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía .

Ante ello, la Guardia Civil procedió a la imputación del vendedor, que resultó ser un vecino de Nueva Carteya de 25 años, como supuesto autor de sendos delitos, uno de ellos contra el patrimonio histórico y otro de apropiación indebida.

La extracción de una pieza de su entorno inmediato, aunque no se hubiese realizado excavación, ya de por si supone unos daños irreversibles al patrimonio, toda vez que con ello el expoliador destruye el contexto histórico donde se localizó la pieza y priva a los expertos de una importante información, al desconocer el lugar exacto del hallazgo y su relación con otros materiales, informó la Guardia Civil, que recordó la obligación de poner en conocimiento de la Delegación Territorial de Cultura o los ayuntamientos el hallazgo de cualquier pieza arqueológica.