El Pleno de Pozoblanco eximió anoche de cualquier responsabilidad patrimonial al exalcalde del PP y actual concejal de esta formación, Baldomero García, en relación al coste que para el Ayuntamiento pozoalbense ha tenido el decreto de paralización de la edificación que la firma El Ochavo ha realizado en la esquina de la Avenida Villananueva de Córdoba con la Avenida Marcos Redondo, conocida como la obra de la alineación. El instructor del procedimiento, el concejal socialista César Bravo Santervás, reflejó ayer en su informe que, una vez estudiado el expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pozoblanco contra Baldomero García, "no ha lugar a apreciar dolo o culpa grave en la actuación de Baldomero García Carrillo ni por lo tanto a exigirle responsabilidad patrimonial por la misma".

La propuesta contó con los votos a favor de IU, PA, PP y PSOE, mientras que el CDeI se abstuvo indicando que este tema debería elevarse al Consejo Consultivo. No pudo votar la concejala no adscrita, Josefa Márquez, al ser desalojada del salón de plenos por Benito García (CDeI), quien presidió la votación del asunto al ausentarse el alcalde, Pablo Carrillo (PSOE), por su parentesco con el exalcalde del PP. García de Torres le llamó al orden tres veces a la concejala por no ceñirse al asunto en su exposición.

De esta manera se pone fin al proceso que se inició el pasado 12 de noviembre del 2012 en el Pleno, cuando los grupos de PSOE, CDeI e IU aprobaron abrir este expediente para depurar posibles responsabilidades en el coste que para el Ayuntamiento de Pozoblanco ha tenido el decreto de paralización que el exalcalde del PP, Baldomero García Carrillo, firmó durante su periodo como regidor, ordenando la paralizacion de la obra. Un coste económico cifrado en alrededor de 100.000 euros en indemnizaciones a la constructora El Ochavo y a sus trabajadores.

En la resolución del informe se destaca que "no hay la menor sospecha de que Baldomero García actuara con la intención de causar daño al Ayuntamiento". El instructor del caso sí precisó que la actuación del entonces alcalde "fue imprudente", ya que no debió suspender el curso de las obras al haber una resolución judicial que había decidido que las obras no se detuvieran. Por lo tanto argumenta que Baldomero García "erró, pero sin que pueda calificarse su equivocación como grave a los efectos de que haya de responder personalmente por tal motivo si se tiene en cuenta que para apreciar este tipo de responsabilidades ha de tratarse de una gravedad evidente, notoria o grosera", que a juicio del instructor no concurren en el caso.

En el texto también se deja constancia de que en la actuación de Baldomero García tiene una notable fuerza exculpatoria el hecho de que el secretario municipal, si bien no dio curso material a la orden de suspensión, sí hubiera informado favorablemente la suspensión de las obras.

Archivado este expediente de responsabilidad patrimonial, se pone fin a un conflicto que arrancó el 18 de enero del 2008, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco concedió una licencia de obras a El Ochavo SA para la construcción de un edificio de viviendas, garajes y trasteros en la Avenida Marcos Redondo. Aquella licencia contó con el informe favorable de los técnicos municipales.

Distintos grupos expresaron su discrepancia con esta obra, aunque las administraciones redactaron informes ratificando que la obra se ajustaba a derecho. Baldomero García manifestó su disconformidad acudiendo a los tribunales para que se declarara ilegal la licencia de obras y se paralizaran los trabajos, a lo que el juez se negó. Baldomero García, en su afán por alinear la Avenida Marcos Redondo, siguió con la suspensión de las obras al considerar una aberración urbanística lo que se estaba llevando a cabo en una de las avenidas principales de Pozoblanco. Con el paso del tiempo y por orden judicial, El Ochavo y sus trabajadores tuvieron que ser indemnizados por esta paralización.