Provincia

El juzgado desestima un recurso del vaquero contra el Consistorio

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba ha desestimado un recurso del propietario de la vaquería -declarada ilegal por sentencia firme en 2009 en Fuente Palmera- contra el Ayuntamiento colono por los supuestos daños sufridos en la explotación ganadera, desde el 3 al 22 de diciembre del año 2010, con una reclamación de unos 150.000 euros, tras el auto de entrada en el recinto concedido a la Administración local. En la resolución, el vaquero alegaba daños por enfermedades del ganado en los citados días, si bien el juez detalla que se trata de "una actividad mercantil, que se ejecuta a riesgo y ventura del que la ejerce" y no queda acreditado el daño.

En el recurso "se imputa el daño a una mala praxis y gestión" por el Consistorio local, una afirmación que, a juicio del magistrado, "se encuentra huérfana de toda prueba", pues "los informes periciales en los que funda su reclamación no imputan los daños a un trato inadecuado del ganado o a un negligente actuar de los cuidadores del mismo", sino que "se limitan a afirmar que existen animales a los que se ha prescrito sacrificio debido a procesos infecciosos que han padecido", entre otros. Y apunta que, aún cuando el vaquero hubiese sido el encargado del cuidado de los animales en dichas fechas, "los procesos infecciosos se hubiesen producido de igual forma".

Además, el togado recuerda que el vaquero ha explotado la actividad ganadera "desde hace muchos años sin contar con las autorizaciones preceptivas, cuestión que nunca es baladí", a lo que añade que "las diferentes órdenes de cese de la actividad han sido sistemáticamente obviadas" por el propietario, quien "no ha permitido la ejecución forzosa por el Ayuntamiento", lo que conllevó a la imposición de multas coercitivas y la autorización de entrada en la explotación.

El juez concluye que la conducta del vaquero, "obstruccionista, dilatoria y frontalmente opuesta al cumplimiento de las disposiciones administrativas firmes", ha sido "la única que ha propiciado que la administración tuviera que asumir el cuidado de los animales", por lo que "los hipotéticos daños que reclama debe asumirlos".

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