La empresa municipal Servimán sigue en ebullición. Así, 34 de los 35 trabajadores que fueron adscritos a esta empresa en los meses de julio y agosto de 2011 han presentado un escrito al alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), en el que denuncian estar sufriendo "angustia, pesar o situaciones lamentables por parte de otros trabajadores de Servimán", a los que acusan de haber dicho tras la adscripción que "ya nos vienen 30 esclavos más". El concejal de IU Miguel propio Villa confirmó a El Día que se está investigando esta situación de presunto acoso y señaló que se trata de unas acusaciones muy graves. Lo sorprendente del asunto es que todos los trabajadores firman el mismo documento, "escrito sobre la base de alguno o algunos que pueden realmente tener ese problema", reconoció Villa, quien apuntó a que ésta no es sino otra medida más de presión de las que se están llevando a cabo desde que se produjeron las adscripciones el verano pasado.

El concejal señaló que después de tener conocimiento de estas acusaciones, "que son muy extremas", se acordó contratar a un profesional de la salud para que realizara un estudio psicológico a estas personas, "aunque se trata de un estudio voluntario del que aún no tenemos los resultados porque se sigue haciendo".

Villa informó de que el comité de empresa es quien le remite a él un escrito en el que se habla de síntomas de acoso moral o psicológico por parte de algunos trabajadores de Servimán a los empleados adscritos. Villa, mediante de otro escrito, les ha informado de que va a solicitar una investigación para castigar a los culpables, bien a los que acosan o a los que hayan acusado falsamente. En concreto, en el documento se recoge que "se va a determinar la veracidad o no de los hechos denunciados, así como la adopción de cuantas sanciones procedan a quienes hayan causado perjuicios a otros o a aquellos que hayan formulado denuncias falsas". La pasada semana se mantuvo una reunión con los cinco sindicatos que tienen representación en la empresa para trasladarles el inicio de la investigación.

En el último Pleno, la edil del Partido Popular Araceli Moreno sacó a relucir "lo revuelto que está Servimán" y afirmó que hay muchos trabajadores descontentos "porque se les están asignando funciones que no les corresponden", algo que Miguel Villa negó rotundamente en dos ocasiones y que corroboró el alcalde, Juan Pérez (PSOE), quien reiteró que la adscripción se hizo en su día "por considerarse la mejor opción y no la voy a retirar a pesar de estar sufriendo continuas presiones desde entonces".

El regidor fue más allá y afirmó que si la justicia finalmente resuelve que las adscripciones eran ilegales "pediré disculpas, pero si uno cree que lo que hace está bien, no es lógico dar marcha atrás".