El Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene dudas sobre la regularidad del reparto de dividendos que el consejo de administración del Córdoba autorizó el pasado 25 de abril, por el que ordenaba la distribución entre sus accionistas de 1,5 millones de euros. El organismo dependiente del Gobierno, tras un primer estudio de las cuentas presentadas por el club blanquiverde según los plazos que establece el Real Decreto de Sociedades Anónimas Deportivas, considera que "no ha lugar" a un reparto de beneficios, por lo que ha solicitado a la entidad cordobesista un nuevo informe por parte de su auditor. Una vez recibido el mismo y tras un nuevo y exhaustivo análisis, el CSD dictaminará si sus sospechas iniciales se atienen a la verdad o si, por el contrario, el CCF actuó de forma correcta con este movimiento sin precedentes en el fútbol profesional español.

Según recoge el Capítulo IV del Real Decreto, el Córdoba -como una SAD más- está obligado a presentar tanto semestral como anualmente "el importe neto de sus cifras de negocio" y, atendiendo al Artículo 20, trasladar "un balance de la sociedad y la cuenta de pérdidas y ganancias, y una memoria de dicho período", añadiéndose "adicionalmente", la elaboración de "un informe en el que consten las transacciones de la sociedad con sus administradores, directivos y accionistas significativos". En este último caso, el documento debe incluir "información cuantificada de las citadas transacciones", entendiéndose como "toda transferencia o intercambio de recursos u obligaciones u oportunidad de negocio con independencia de que exista o no un precio por esa operación". Además, el documento deja claro que "si alguna de las transacciones fuera muy significativa por su cuantía o trascendencia para la adecuada comprensión de los estados financieros de la sociedad, habrá de facilitarse información individualizada en la misma". Asimismo, tal y como se reseña en el punto 4, si una vez presentadas las cuentas anuales hubiese alguna divergencia, "los administradores de la Sociedad Anónima Deportiva deberán informar al CSD las modificaciones".

Y en este punto es en el que se encuentra ahora el caso del reparto de dividendos del Córdoba. El Consejo Superior de Deportes, tras analizar el balance de cuentas presentado por el club ha confirmado a el Día que tiene dudas de que haya "base legal" para efectuar un reparto de dividendos, algo que como ya se encargó de decir el club en su comunicación se trata de una medida "pionera y sin precedentes" en el fútbol español. Este hecho, sin embargo, es el que ha llamado especialmente la atención del organismo, que antes de tomar ninguna medida y teniendo en cuenta que, en principio, "por el estado de las cuentas no ha lugar", se ha dirigido ya a la entidad cordobesista para solicitar que el auditor de las cuentas remita un nuevo informe.

Una vez que el nuevo documento sea estudiado por los técnicos que llevan el caso, serán ellos los que dictaminen si las sospechas iniciales tienen algún tipo de fundamento y hay que continuar adelante con el caso o si éste queda archivado directamente al entrar todo en el marco de la legalidad vigente. De seguir, el siguiente paso sería informar a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), organismo que rige la competición en la que participa el Córdoba y que, por tanto, tendría "la posición de denunciar primero".

Hay que recordar que el pasado 25 de abril el Córdoba dio luz verde a un reparto entre sus accionista de dividendos, cifrados tres días más tarde en 7,5 millones de euros por el presidente, Carlos González. La cifra de 1,5 millones notificada ascendía apenas "al 20% de esos beneficios", según palabras del dirigente, aunque hubo expertos que señalaron que era una forma de descapitalizar el club sin precedentes. Sin embargo, según la nota hecha pública por la entidad cordobesista, esta iniciativa contaba con "el amparo de lo dispuesto en el Artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital" y fue tomada tras "una auditoría externa" que certificó que "la tesorería del Córdoba tiene capacidad para llevar a cabo este reparto y que el mismo cumple con todas las garantías legales", algo que ahora pone en duda en Consejo Superior de Deportes y que debe quedar esclarecido, para bien o para mal, en las próximas fechas.