No hubo prevaricación de la teniente de alcalde de Presidencia, Rosa Candelario, ni tráfico de influencias ni tampoco un posible delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. La Fiscalía Provincial de Córdoba da carpetazo a la denuncia presentada por el grupo popular en el Ayuntamiento por la adjudicación a Modahogar, cuyo consejero delegado es hermano de Candelario, de diferentes contratos por valor de 82.240 euros. La primera factura que se puso en duda fue el tapizado y la readaptación del mobiliario del despacho del alcalde, aunque posteriormente se sumaron otras por la adjudicación a la misma empresa de los faldones para los maceteros de la Navidad y los Patios; un escudo de la ciudad para la tribuna de autoridades de la Semana Santa o las cortinas para la caseta municipal de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2004. 

Para investigar el asunto, la Fiscalía libró dos oficios dirigidos al alcalde, Andrés Ocaña, para que remitiera copias de los expedientes administrativos, resoluciones adoptadas para adjudicar la prestación de los servicios, informes evacuados por la secretaría o la intervención general del Ayuntamiento e información sobre la forma de pago y sobre los funcionarios que realizaron las adjudicaciones. A mediados de agosto, el Consistorio aportó toda la documentación requerida. Y la resolución de la Fiscalía respalda la actuación municipal con una salvedad: la única "irregularidad" que podría imputarse a Candelario es no haberse abstenido en el proceso completo de adjudicación a la empresa de la que su hermano es accionista. Aunque esto, según el Ministerio Público, no constituye infracción penal alguna, sino que "las posibles irregularidades observadas permanecen en el marco estricto del derecho administrativo y no tienen encaje en el tipo penal".

El fiscal insiste en que "el control de la legalidad de los actos administrativos" tiene en el ordenamiento jurídico diferentes cauces "y no necesariamente hay que acudir a procedimientos penales". Así que deja abierta la posibilidad de acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo. Los demandantes, además, tienen la posibilidad de llevar el pleito directamente a los juzgados de instrucción, aunque es prácticamente imposible que una actuación de este tipo prospere sin el respaldo del fiscal.

La denuncia del PP se centraba en un posible delito de prevaricación por parte de Candelario, un hecho que el Ministerio Público descarta por completo. Basándose en los propios informes del Ayuntamiento, la resolución de la Fiscalía argumenta que la adjudicación de los trabajos a Modahogar "no es arbitraria". Entre otros motivos, porque "de lo investigado no se desprende que los contratos adjudicados lo sean por cantidades superiores a las normales de mercado" y porque "se trata de una empresa que presta servicios al Ayuntamiento desde el año 1989". Según los informes de la secretaria general, los contratos se realizaron "de forma correcta". Y, además, "ni en la denuncia se dice ni de la investigación ha quedado acreditado que la empresa no sea adecuada para la realización de los servicios".

La Fiscalía analiza de manera pormenorizada cómo se produjeron las adjudicaciones. En todas las ocasiones, fueron los técnicos quienes tomaron la decisión; Candelario se limitó a firmar. Y "el hecho exclusivo de no abstenerse en un procedimiento administrativo no tiene que implicar que estemos ante un delito de prevaricación", insiste la resolución. Es más, el escrito subraya que en todos los supuestos las cantidades del contrato fueron "similares" a las presupuestadas por los técnicos, y "no consta que se hayan ejecutado de forma defectuosa" ni que con la decisión "haya habido un perjuicio para el servicio público al que iban dirigidas".