Independientemente de que se tengan que derribar 10.000 metros cuadrados de naves (como opina el Ayuntamiento) o 20.000 (la mitad del complejo, como considera la Junta de Andalucía), la legalización de las naves de Colecor no se circunscribe a una mera cuestión de cantidad. El plan especial de la carretera de Palma del Río, aprobado inicialmente con los votos de los concejales de IU, endurece sustancialmente las condiciones de uso de los edificios que queden en pie de forma que toda acción empresarial que se lleve a cabo en la zona estará sustancialmente acotada a unos usos prefijados con mayor severidad que los inicialmente fijados en el plan que acabó tumbado por una sentencia del TSJA.

Así, el texto del plan especial establece expresamente que los únicos usos permitidos dentro del edificio histórico de Colecor y de su ampliación (los 40.000 metros de naves o lo que quedara de ellas), sólo podrán servir para industria, almacenaje sin comercialización o actividades vinculadas al medio rural y ganadero. Punto y final. Dándole la vuelta al argumento, ello quiere decir que son usos prohibidos, por ejemplo, la venta al por mayor, que es el objetivo para el que se crearon las instalaciones, que iban a dar cobijo a la marca blanca Retier con artículos importados de China. Consecuencia dos: la aplicación del texto de la Gerencia obligaría al grupo de empresas de Rafael Gómez a trasladar su sede de la antigua fábrica de la cooperativa láctea. Las únicas oficinas permitidas en la zona serán las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la actividad principal, es decir, el departamento de administración de una granja, un almacén o una fábrica. Las empresas de Rafael Gómez se trasladaron hace años a la antigua fábrica de Colecor gracias a una licencia provisional otorgada por Urbanismo hasta tanto existiese un planeamiento para la zona.

El plan apuesta por legalizar la factoría original de Colecor más la ampliación hasta la ocupación de un 25% de la parcela, incluyendo los llamados usos históricos (algo menos de 16.000 metros cuadrados, repartidos entre la planta principal y las naves que fueron demolidas). Las mediciones efectuadas sobre las fotografías aéreas asignan una superficie a la parcela unos 130.000 metros cuadrados, 30.000 más que el plan especial anulado por el TSJA. Se trata de los terrenos de la cooperativa láctea, los de Agrogás (prácticamente agregados a Colecor) y toda la zona de aparcamientos (hasta el canal), que no fue incluida en el primero de los intentos por legalizar el complejo pero que ha sido reconocida en este último texto.

La cuestión sobre quién debe fijar el porcentaje a legalizar es una de las claves de todo este proceso. Teóricamente, es una responsabilidad del Ayuntamiento, en la que la Junta de Andalucía debería contar con un papel de dictamen no vinculante. La realidad es distinta. En primer lugar, el PSOE, miembro del equipo de gobierno, secunda la postura de la Consejería de Vivienda, que aún no se ha expresado en informes oficiales (aunque sí en negociaciones). Además, el Gobierno andaluz siempre tiene la opción de intentar que sean los tribunales quienes diluciden qué parte sigue en pie y qué parte se queda en su sitio. Las negociaciones parece inevitables.

Existen otros detalles que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la legalización de las naves, fuera ésta la que fuera. El plan propone que la altura máxima permitida sea de siete metros (una casa de dos plantas), salvo excepciones de 12 metros, siempre que se justifique por la necesidad de la actividad a desarrollar. Además se establecen una serie de medidas correctoras y de cuestiones urbanísticas, como que la actuación sobre Colecor y Agrogás se realizan de forma conjunta.