La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, denunció ayer que la Junta de Andalucía tiene "desatendidos" a 24.000 mayores de 65 años en toda la provincia, ya que no reciben ningún tipo de prestación. Según Obrero, el Gobierno andaluz ha recortado en tres años en un 21% el número de beneficiarios.

Con estas cifras en la mano, la popular acusó a Susana Díaz de realizar una "política de escaparate" en materia de gestión social, en concreto, para personas mayores. Para Obrero, desde que llegó en marzo al poder, la presidenta andaluza asumió una serie de compromisos que a día de hoy no ha cumplido. Entre ellos, habló de la elaboración de un mapa de recursos en materia de dependencia que permitiera facilitar el trabajo en este sector pero "ni lo conocemos ni sabemos cuándo estará finalizado", aseveró la responsable de Políticas Sociales. Asimismo, Obrero criticó que no se hayan cumplido los porcentajes de reposición en plazas de residencias concertadas, aunque reconoció que aquí el incumplimiento ha sido "parcial". También denunció que se está "muy lejos" de respetar el porcentaje de aumento de nivel de ocupación que marca un 70% para centros de estancia diurna y un 85% para residencias. Sobre esto, Obrero afirmó que aún quedan 400 plazas sin cubrir en residencias y 300 en centros de día que están "listos para ocuparse".

La popular también se refirió a un informe de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) que refleja que Andalucía tiene un nivel de deuda "crítico" con los centros de mayores. Obrero explicó que dicho informe también refleja que la Junta comienza a cubrir plazas en estos centros pero "el problema se centra en las áreas rurales donde reside la mayor parte de la población mayor de 65 años y donde se destina menos dinero".